Hostigamiento judicial, intimidación, restricción administrativa, acceso a la información y censura han sido plasmados en los 11 casos que denuncia la ONG
La Organización No Gubernamental Espacio Público presenta un informe sobre la violación a la libertad de expresión durante el mes de mayo de este año, donde han documentado unos 11 casos, en los que se han cometido por lo menos 14 transgresiones.
A través del trabajo de la ONG se conoce que siete casos han sido propiciados por la administración de Nicolás Maduro, lo que representa un 63% en donde el oficialismo se ha convertido en victimario.
En unos siete casos las víctimas son la sociedad venezolana. En otros, los ataques han ido en contra de medios de comunicación social, otras ONG y sus miembros, así como hacia periodistas y reporteros.
Uno de los eventos más significativos para Espacio Público es lo ocurrido con la periodista Leonor Argüelles, quien a principios de mayo habría sido agredida por el concejal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) José Sierra, durante una sesión del cabildo marabino.
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Según Espacio Público, la comunicadora social transmitía la sesión y hacía unas preguntas sobre la intención del concejo municipal de entregar el Premio Municipal de Periodismo a comunicadores populares, cuando fue abordada por Serra, quien intentó parar la transmisión.
Otro de los registros de Espacio Público ocurre el 18 de mayo en el estado Barinas, cuando funcionarios policiales habrían hostigado a miembros de “la Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos (Fundehullan) mientras hacían un conversatorio sobre DDHH y una jornada médica en la Casa Cultural del municipio Obispos”, dice parte del informe.
Espacio Público, Provea y Centro Gumilla
El activista de Derechos Humanos de la organización Provea, Marino Alvarado, así como el representante de la organización de investigaciones comunicacionales, Centro Gumilla, Alfredo Infante, son hostigados judicialmente, después de denunciar a la Policía de Carabobo como uno de los órganos de seguridad más letales durante el 2021.
El gobernador de la entidad, el chavista Rafael Lacava, procedió a denunciar ante los tribunales a ambos activistas por difamación e injuria.
“El acto judicial se produjo dos meses después de que Provea y el Centro Gumilla presentaran el informe conjunto Lupa por la vida. En este documento se expone que la policía del estado Carabobo es de las más letales en Venezuela con 221 presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales”, dice el informe de Espacio Público.
Emisora cerrada e internet
El 20 de mayo en el estado Barinas fue cerrada la emisora Topacio 101.0 FM por funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), quienes decomisaron los equipos de transmisión de la emisora.
Esta situación provocó una molestia en la comunidad, quienes protestaron de manera pacífica mientras los funcionarios de Nicolás Maduro se llevaban los equipos.
Las diversas fallas en la conexión de internet de los diferentes operadores, así como los bloqueos establecidos por ABA de Cantv hacia medios de comunicación digitales, también están dentro de este informe.
“La política de Estado venezolano en los últimos años ha consistido en criminalizar la labor que realizan defensores; trabajadores de los medios y otros particulares que contradicen el planteamiento del partido gobernante”, dice el informe de EP.
