Machado asegura que “el riesgo se incrementa” en Venezuela, pero insiste en que seguirá “firme en el objetivo de organizar al país para unas elecciones libres”
“Esta nueva arbitrariedad dificulta el acceso a información veraz, el acompañamiento a la sociedad civil, y la defensa y protección de víctimas. Es una acción que parece anunciar una escalada aún mayor de la persecución, sin tan importantes testigos que puedan informar al mundo de las atrocidades que el régimen comete”.
Así lo manifestó María Corina Machado, candidata presidencial de la oposición, a través de un comunicado en el cual rechazó la expulsión de los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los DD. HH. de Venezuela.
Machado calificó como “un gravísimo hecho que engrosa la lista de delitos de la tiranía”, cuyo propósito es “intimidar a los ciudadanos sembrando el terror”.
Asimismo, aseguró que “es Maduro quien ha tomado la decisión de violar los Acuerdos de Barbados para así intentar alejar a la inmensa mayoría de los venezolanos del cambio político que anhelan”.
Insistió en que “el patrón de desaparición forzada y arremetida brutal son agravantes que no prescriben y que alejan a Maduro y a su régimen de las garantías que deben brindar para una transición ordenada y pacífica”.
La dirigente opositora dijo esto en relación con la detención de la activista por los DD. HH., Rocío San Miguel.
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La candidata reiteró el llamado a la comunidad internacional a pronunciarse respecto a lo que ocurre en Venezuela, tal como lo ha venido haciendo en estos días, cuando pide acciones más allá de las redes sociales.
“Hacemos un llamado especial a los gobiernos de América Latina para que eleven su reclamo, exigiendo la permanencia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Venezuela, así como a impulsar la renovación de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU”, aseveró.
#16Feb ¡COMUNICADO!
— ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) February 16, 2024
Líder opositora @MariaCorinaYA emitió comunicado donde fija su posición tras la decisión del gobierno de Nicolás Maduro en contra de la oficina del alto comisionado para los DD.HH. de la ONU en Venezuela.
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