El ministerio solo ha burocratizado la gestión penitenciaria sin solucionar los problemas de fondo
Para la activista por los DD.HH. y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, la administración de Nicolás Maduro no puede exhibir ni un logro en materia penitenciaria y calificó como un “fracaso” la gestión del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP) desde su creación en el año 2011.
En entrevista con Fedecámaras Radio, San Miguel ratificó que, en especial, este despacho “no tiene logros que exhibir”, pues no garantiza la vida ni los derechos de los privados de libertad.
“Yo diría que no se pueden exhibir logros en este Ministerio, ha significado más bien una burocratización del fracaso de la gestión penitenciaria en Venezuela”, dijo.
Detalló que “los principales problemas que se mantienen en el sistema carcelario son las violaciones de los derechos humanos de los rehenes, la corrupción y el hacinamiento en los centros penitenciarios”.
Sobre la designación de la almiranta Celsa Bautista como ministra del área, Rocío San Miguel, dice que la misma “sigue en la línea de la militarización del Consejo de Ministros de Nicolás Maduro”.
“No posee especialización en formación penitenciaria”, lamentó.
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Retos
Por otra parte, San Miguel insiste en que en este 2023 persiste el reto de impulsar la discusión sobre la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional, “promoviendo el acceso a la información y la participación, con el fin de convertirlos en asuntos de interés público y del debate entre los venezolanos, para crear consensos que permitan formular políticas de Estado”.
“Necesitamos continuar siendo voz activa de denuncias y de acciones, en los casos de violaciones a los derechos humanos y a la Constitución.
Contribuir con los diálogos en Venezuela, presentando propuestas, contra la violencia perpetrada por agentes del Estado, impulsando mecanismos de verdad, reconocimiento de responsabilidad, justicia, prevención y reparación, que permitan el retorno de la Fuerza Armada Nacional al carril constitucional.
Todo ello en el marco de lo previsto en los puntos 4 y 5 del memorando de entendimiento suscrito por el Gobierno y la Plataforma Unitaria, que establece: el respeto al Estado constitucional del Derecho. Renuncia a la violencia y Reparación de las víctimas de la violencia.
