En un comunicado, Jorge Arreaza asegura que Venezuela seguirá cooperando con la oficina de Bachelet. Pero remarca que el contenido del informe es producto de la influencia de un grupo de países “con graves situaciones internas de DD.HH.”
El canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, rechazó la actualización del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH. sobre Venezuela.
El contenido del “informe publicado sobre la situación del país” es “falaz y pone de relieve el origen tendencioso del mismo”, señala un comunicado de la cancillería.
Sin embargo, el escrito destaca que “Venezuela, en aras de seguir intensificando la cooperación debida con esta oficina, ratifica su voluntad de mantener canales de comunicación y diálogo con la Oficina de la Alta Comisionada”, agrega.
Pero, exige que esas relaciones se apeguen a “los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no politización”. Además de “respeto a la soberanía y diálogo constructivo. Sin agendas geopolíticas al servicio de poderes hegemónicos contrarios al derecho internacional”.
El documento también asevera que “este informe es el resultado de una resolución impulsada por un minúsculo grupo de gobiernos con graves situaciones internas de violación de derechos humanos”. Asegura que los mismos “se complotaron para satisfacer la política de ‘cambio de régimen’ impulsada por los Estados Unidos contra Venezuela”.
Para Arreaza es “preocupante que este informe tenga su sustento en información brindada por particulares con motivaciones desconocidas”. Agrega que el documentro “no ha sido debidamente contrastada con las autoridades del Estado concernido”. Todo, “a pesar de las amplias facilidades que el Gobierno venezolano ha brindado para el desempeño de sus funciones en el territorio nacional”.
Lea también: BACHELET actualiza informe sobre violación de DD.HH en Venezuela
Lo que dijo Bachelet
En el informe, Bachelet aseguró que las restricciones al espacio cívico “siguen siendo motivo de preocupación”. Sobre todo en lo concerniente a la “estigmatización, criminalización y amenazas contra las voces disidentes”.
Puso el ejemplo de la reciente detención de los tres miembros de la ONG Fundaredes, entre ellos su director, Javier Tarazona. Pidió que estos arrestados “tengan acceso sin demora a abogados defensores de su elección”.
Pero, también, el informe constató “progresos en Venezuela con respecto a actualizaciones anteriores”. destaca “las reformas iniciadas en la Justicia y la Policía”. Las mismas ofrecen señales, según la alta comisionada, para “mejorar los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas”.
Asimismo, aplaudió la tendencia a la baja de las muertes en el contexto de protestas de opositores. Y también pide que sigan los esfuerzos “que lleven al levantamiento de sanciones sectoriales unilaterales”.
Bachelet afirmó que las condiciones de detención en muchos centros venezolanos siguen siendo preocupantes. Pero destacó que Maduro ha facilitado que funcionarios de su oficina visiten hasta 26 instalaciones de este tipo. Entre las sedes visitadas por los funcionarios de Bachelet se encuentra el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
