Un juzgado madrileño desechó la apelación contra el fallo que archivó el Delcygate por considerar que se trata de un caso con implicaciones políticas que deben ser resueltas de esa forma
El juzgado de instrucción 31 de Madrid rechazó el recurso presentado por Vox contra la decisión de archivar el Delcygate. Se trata de un delito de prevaricación contra varios funcionarios. Esto, tras la escala que la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas, en enero de este año.
El partido liderado por Santiago Abascal ve así frustrada su pretensión de que el juez Antonio Serrano-Arnal rectificara el fallo que dictó el 11 de noviembre. Ese día, el juez decidió archivar el caso.
La agencia Europa Press aclaró que contra la decisión adoptada cabe interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.
El Delcygate que se instruía en este juzgado madrileño partía de querellas y denuncias presentadas por el PP, Vox y Laócratas. Las mismas eran contra los funcionarios o autoridades que no arrestaron a Rodríguez durante la escala. Argumentaron que la detención era factible por las sanciones de la Unión Europea sobre funcionarios del régimen venezolano.
Serrano-Arnal, siguiendo el criterio de la Fiscalía Provincial de Madrid, decidió archivar el caso. Consideró que las zonas de tránsito internacional de los aeropuertos españoles donde estuvo Rodríguez, “no pueden considerarse territorio español”.
El caso también llegó al Tribunal Supremo por sendas querellas presentadas por Laócratas y Vox contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Le acusaron del presunto delito de prevaricación por reunirse en Barajas con Rodríguez.
No obstante, el TS decidió archivar el Delcygate, argumentando que las medidas punitivas “tienen una naturaleza esencialmente política”.
Punto de entrada administrativo
Vox fundamentó su recurso de reforma en el auto del Tribunal Supremo, agarrándose a que reconocía que Rodríguez estuvo en territorio español. Sin embargo, Serrano-Arnal desechó este argumento. Aduce que, “a efectos administrativos, ha de existir un punto de entrada en el territorio nacional”.
“Lo contrario nos llevaría a que todas y cada una de las compañías aéreas o marítimas que operan internacionalmente tendrían que poner en conocimiento de cada Estado que sobrevuele o navegue (…) la identidad de su pasaje y tripulación a fin de controlar que ninguno de ellos sea sujeto de iguales restricciones que las que afectan a la mandataria de la República de Venezuela”, dijo.
En cambio, el titular del juzgado madrileño sí ha asumido el auto del Tribunal Supremo por cuanto establece la “atipicidad” de los hechos por ser solo susceptibles de control político. “No cabe sino la desestimación del recurso de reforma interpuesto, ya que no es posible la iniciación de procedimiento penal alguna en tales condiciones”, ha concluido Serrano-Arnal.
La escala en Barajas
Los hechos se remontan a la noche del 19 al 20 de enero de 2020, cuando la ‘número dos’ del Gobierno de Nicolás Maduro hizo una escala en Barajas de camino a Qatar. En el avión también iba el ministro de Turismo, Felipe Plasencia, que encabezaba la delegación venezolana para FITUR.
Rodríguez es uno de los altos cargos del régimen de Maduro que tiene prohibida la entrada al espacio Schengen –incluida España– por las sanciones emitidas por la Unión Europea por violaciones de los Derechos Humanos y actuaciones o políticas pensadas para menoscabar la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela.
Durante esta parada técnica, Ábalos se vio con la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto madrileño –según explicó él posteriormente– para asegurarse de que no entrara en territorio Schengen.
