En un comunicado publicado en el portal de Provea, las ONG responsabilizaron de lo que les pueda pasar a los activistas de esas ONG
Un total de 111 ONG defensoras de DD.HH. denunciaron este viernes que ahora las acosan por haber colaborado con la Corte Penal Internacional (CPI).
“Rechazamos la campaña de criminalización y desprestigio que las actuales autoridades del país realizan contra quienes han cooperado con la Fiscalía de la CPI sobre los exámenes preliminares abiertos actualmente”, señala un comunicado.
“A partir del inicio del examen preliminar, diferentes personalidades políticas y sociales han suministrado información a la Fiscalía de la CPI”, argumentan las ONG.
Lo hicieron para que la Corte tuviera “los insumos necesarios para decidir o no el inicio de una investigación formal sobre crímenes contra la humanidad ocurridos en Venezuela.
Denuncian “la política sistemática por parte del Estado de restringir el espacio cívico en el país”. Esto incluye “a quienes colaboran con los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos”.
Las organizaciones ratificaron que “no existe voluntad genuina para detener las causas que permitieron que ocurrieran crímenes contra la humanidad en Venezuela”.
Argumentan que “los anuncios oficiales recientes sobre leyes y reformas son insuficientes. Solo responden a la intención de las autoridades de simular que existen procedimientos nacionales genuinos y relevantes para impartir justicia”.
Ratifican que “esta campaña de descrédito busca atemorizar a las víctimas para inhibirlas que continúen suministrando sus testimonios”.
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Responsables
En consecuencia, las ONG responsabilizan “a las autoridades nacionales de cualquier acción contra la vida, libertad e integridad de quienes están siendo criminalizados por suministrar información a los mecanismos internacionales de protección a derechos humanos”.
Instan “al equipo de trabajo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que haga un seguimiento de las amenazas y retaliaciones”.
Agregan que esas amenazas reflejan “el incumplimiento de las obligaciones emanadas del Estatuto de Roma”, respecto a la colaboración con la investigación.
Y finalmente invitaron a “la comunidad internacional a continuar observando detenidamente la situación de derechos humanos en Venezuela, reforzando los mecanismos internacionales de protección a derechos humanos activados sobre nuestro país, principal contención contra el abuso de poder”.
