La situación venezolana tiene pocas esperanzas de recuperarse si no cambia el rumbo político y no se corrigen las medidas económicas, asegura un informe del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Ucab
La economía venezolana terminará este 2020 con una caída en el PIB de 30%. El país ya acumulaba una contracción de 61% entre el 2014 y 2019. Para el 2021 no hay esperanzas de recuperación, si no cambian radicalmente la situación política y las políticas económicas.
Así de tajantes son las conclusiones del Informe de Coyuntura Venezuela, elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
El escrito, publicado por el diario Tal Cual, destaca que el impacto neto de las medidas para controlar la COVID-19 en el país será negativo. No solo por la paralización de actividades productivas y comerciales. También por la “probable ineficacia de la flexibilización y de las medidas de estímulo fiscal implementadas desde marzo de 2020”.
Resalta que “la continuación de la inamovilidad laboral atenta contra la flexibilidad requerida por las empresas que sobreviven para ajustar y mejorar sus niveles de productividad”.
Planes fracasados
Fustiga “el plan (del régimen) de pago de la nómina de las pequeñas y medianas empresas”. Y dice que “probablemente supondría una erogación de recursos muy limitada, dadas las fuertes restricciones financieras del fisco y la informalidad presente en la economía”.
Por otro lado, resalta que “la suspensión del pago de arrendamientos de inmuebles para uso comercial y viviendas principales supone el alivio de recursos para unos sectores, pero empeora la situación de otros”.
Lo mismo ocurre con la suspensión de pago de capital e intereses de los créditos y de recalificación de riesgo crediticio. “Mejora la situación de los deudores y empeora la de la banca”, alerta.
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Menciona la exoneración de impuestos de importación. Señala que “mejora el flujo de caja de las empresas, pero afecta la recaudación tributaria. Con ello, la ya debilitada capacidad de mejorar su oferta de servicios públicos”.
Por otro lado, se refiere al impacto de las medidas adoptadas en el resto del mundo para controlar el contagio de la COVID-19. “Para Venezuela, ello ha significado una reducción adicional del volumen y valor de sus exportaciones petroleras. Estas ya estaban afectadas por la insuficiencia de inversión y las sanciones de EEUU”.
Sector bancario con pocas esperanzas
El sector bancario, uno de los más afectados, registró 45.738 empleos al cierre del primer semestre de 2020. “Son .428 puestos de trabajo menos con respecto al 2019, señala el instituto”.
Por su parte, el sector público redujo su nómina de cerca de tres millones de empleados (20%) en los últimos tres años. Esto refleja el impacto de la emigración y el incremento de la informalidad en el mercado de trabajo.
Conindustria, Fedecámaras y Consecomercio señalan que 80% de las empresas están paradas por la pandemia. El 20% restante, que opera por ser de sectores prioritarios, lo hacen bajo el esquema 7+7, lo hace con 18% de su capacidad instalada.
“De seguir así un año más, aproximadamente 1.000 empresas que están al borde del cierre definitivo no podrían continuar. Esto significaría la pérdida adicional de tres millones de puestos de trabajo”.
El instituto sostiene que el desplome progresivo en los ingresos petroleros es total. “Hoy Pdvsa prácticamente no aporta ningún recurso fiscal al Estado Venezolano”.
Sostiene que “esta merma en los ingresos se debe no sólo al deterioro en los precios internacionales del petróleo.También a la drástica reducción en la capacidad de producción y exportación de hidrocarburos y sus derivados”.
