Pedro Castillo será procesado por el presunto delito de rebelión, regulado en el artículo 346 del Código Penal peruano por quebrantar el orden constitucional
La Fiscalía de la Nación de Perú confirmó este miércoles la detención del ahora expresidente Pedro Castillo, por el delito de rebelión y por quebrantar el orden constitucional tras el anuncio de este de disolver el Congreso, lo cual podría significarle prisión de hasta 25 años.
“El Ministerio Público dirigió esta tarde la detención de Pedro Castillo Terrones por el presunto delito de rebelión, regulado en el artículo 346 del Código Penal, por quebrantar el orden constitucional”, informó la Fiscalía en un comunicado.
Lo que sigue, según las leyes de esa nación, son las claves del proceso al que Castillo debe ser sometido, tras su detención, la tarde de este miércoles.
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El pronunciamiento de la Fiscalía
Según el artículo 346 de la legislación peruana, el delito de rebelión es definido como “el que se alza en armas para variar la forma de Gobierno, deponer al Gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional” y recoge que “será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y expatriación”.
La institución detalló que dirigió la detención del exmandatario en la Prefectura de Lima y fue supervisada por la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides.
Estuvieron a cargo del procedimiento de detención, el fiscal adjunto supremo del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, Marco Huamán Muñoz, y la fiscal superior Marita Barreto Rivera, perteneciente al equipo especial contra la corrupción del poder.
El Ministerio Público añadió en su información que como parte de la diligencia, se realizó a Castillo el reconocimiento médico-legal sobre su estado de salud actual, a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.
Previamente, la Fiscal Benavides Vargas leyó un pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos, órgano de gobierno de mayor jerarquía del Ministerio Público, en el que expresaron su rechazo al quebrantamiento del orden constitucional y anunciaron la adopción de las acciones legales correspondientes.
“Condenamos el quebrantamiento del orden constitucional. La Constitución Política del Perú consagra la separación de poderes y establece que el Perú es una república democrática y soberana (…) Ninguna autoridad puede ponerse por encima de la Constitución y debe cumplir sus mandatos constitucionales”, señaló el comunicado.
Las denuncias
Cabe indicar que en octubre pasado, Castillo fue denunciado por la Fiscalía por dirigir una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno.
La finalidad de esta organización “era copar, controlar y direccionar procesos de contratación en diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas”.
Igualmente, sobre Castillo pesan denuncias de corrupción cometida antes de llegar a la presidencia.
La condena
Alternativamente, el Ministerio Público dispuso iniciar diligencias preliminares por la presunta comisión de conspiración, en agravio del Estado (Art. 349° del Código Penal), que dispone “pena privativa de libertad no mayor de la mitad del máximo de la señalada para el delito que se trataba de perpetrar”.
El abogado constitucionalista Erick Urbina, consultado por el medio RPP, dijo que Castillo cometió una “infracción constitucional por la cual debe ser deshabilitado hasta por 10 años”, de modo que “corresponde que la Fiscalía de la Nación de oficio lo procese por estos actos”.
“Como mínimo, no solo es usurpación de funciones y un desacato flagrante por el cual deberá responder ante las autoridades”, dijo Urbina.
Medios peruanos aseguran que el expresidente podría enfrentar entre 20 y 25 años de cárcel por los delitos mencionados, cometidos en flagrancia.
El exmandatario se encuentra en la prisión de Barbadillo, la misma en la que está recluido el expresidente Alberto Fujimori, quien cumple su condena de 25 años de cárcel.
Hasta la noche de este 7 de diciembre, el fiscal adjunto supremo Marco Huamán dirigía la diligencia en el Palacio de Gobierno, “donde se están lacrando documentos y algunos equipos de cómputo, como parte de la investigación”.
