Estos son algunos de los casos más resaltantes por los que Nicolás Maduro debe ser enjuiciado por la CPI
A pesar de que Nicolás Maduro reúne todos los requisitos para ser enjuiciado ante la Corte Penal Internacional (CPI), este organismo no se pronunció en el plazo previsto.
El país estaba atento al pronunciamiento de la corte el cual debía efectuarse este viernes, 23 de julio.
Sin embargo se estaba esperando la publicación de una versión editada del escrito consignado el 15 de junio por la antigua Fiscal sobre la admisibilidad en la situación “Venezuela I”.
Diversos dirigentes nacionales e internacionales esperan que la CPI falle en contra de Nicolás Maduro.
Aseguran que reúne todos los requisitos para ser enjuiciado por los delitos de lesa humanidad que ha cometido durante su administración.
Aunque desde el 2014 piden a la CPI que fije su atención en Venezuela por los delitos contra los derechos humanos que se cometen, no fue sino hasta 2017, que la fiscal Fatou Bensouda que decidió investigar lo que ocurría.
Acá se despliega un en claves de lo que es el caso de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional y por qué deben enjuiciarlo.
¿Cuáles son los delitos que investigan?
Hay que recordar que Venezuela se encuentra en la fase III preliminar de la investigación por las protestas ocurridas en el 2017.
Estas alegaciones incluyen varios casos de asesinato, encarcelación u otra privación grave de la libertad física.
También tortura, otros actos inhumanos, violación y otras formas de violencia sexual, desapariciones forzadas, y persecución fundada en motivos políticos.
Alegaron que funcionarios del Estado emplearon fuerza excesiva durante las operaciones de seguridad y redadas realizadas fuera del contexto de manifestaciones contra la administración de Maduro.
Denunciaron que las fuerzas del Estado, en ocasiones, colaboraron con civiles armados pro chavismo, incluyendo los grupos denominados “colectivos”.
Los cuales presuntamente perpetraron una serie de actos violentos contra manifestantes, miembros de la oposición.
Casos por los que deben enjuiciar a Maduro
La administración de Nicolás Maduro ha cometido varias irregularidades durante su mandato, esto incluso, lo ha denunciado la alta comisionada de la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet.
Varios casos han sido resaltantes, entre ellos el asesinato de dos jóvenes durante las protestas del 2017 como Juan Pablo Pernalete y Neomar Lander.
Solo por nombrar, dos de los tantos jóvenes que han muerto durante las protestas antigubernamentales que se han realizado en el país.
Juan Pablo Pernalete
¿Por qué el caso de Pernalete y no otros como el de Bassil Da Costa o Robert Redman?
Porque la administración de Nicolás Maduro negó que hayan sido las fuerzas públicas las que le quitaron la vida a este joven durante una de las manifestaciones que se realizaron en 2017.
Aseguraron que habían sido los propios amigos de Juan Pablo Pernalete los que lo habían asesinado con una pistola de perno.
Esto, generó la reacción de Luisa Ortega Díaz, en ese momento fiscal general de la república quien desmintió esta teoría y aseguró que el joven murió tras recibir impacto de una bomba lacrimógena.
Este caso evidencia el abuso de la fuerza pública contra los venezolanos que exigen una mejor calidad de vida.
Así como también la omisión por parte de la administración de Nicolás Maduro ante lo ocurrido.
Sin embargo, en medio de la tensión por la decisión de la CPI ante estos casos, Tarek William Saab admitió que hubo abuso de la fuerza pública en el caso de Pernalete.
El 1 de mayo de 2021 el Ministerio Público admitió que a Juan Pablo Pernalete lo asesinaron tras el impacto de una bomba lacrimógena durante las protestas en Venezuela de 2017.
A doce funcionarios de la GNB los imputaron por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva.
Neomar Lander
La controversia por su muerte coincide con las de Juan Pablo Pernalete. Lander es otro joven que salió a las calles a protestar por la crisis que ocurre en el país.
Este joven de apenas 17 años de edad murió en la avenida Libertador tras el impacto de un objeto en su cuerpo.
Algunos afirman que murió cuando una bomba lacrimógena le estalló en el pecho.
Mientras que el discurso oficialista plantea que su deceso fue producto de un mortero.
Luisa Ortega Díaz, confirmó a los medios que la instancia había estado presente al momento de la autopsia, pero no confirmaron las causas de su muerte.
Lander se encontraba en la primera línea de los manifestantes cuando eran víctimas de la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
Esta represión se volvió una constante durante las protestas, violando la Constitución, al impedir el derecho a la protesta pacífica.
Óscar Pérez y la masacre de El Junquito
Quizá sería el inicio de las ejecuciones extrajudiciales en contra de los opositores públicos que harían frente a la administración de Nicolás Maduro.
Tratándolos como terroristas y antipatriotas, durante un “operativo” policial, la administración de Nicolás Maduro asesinó a Óscar Pérez y siete personas más en la denominada masacre de El Junquito.
Aunque poca certeza se tenía de lo que realmente quería realizar Óscar Pérez, en junio de 2017 desertó como funcionario del CICPC y envió un mensaje a la nación mediante las redes sociales.
Publicaron un vídeo mostrando a hombres con rifles de asalto flanqueando a Oscar Pérez, un inspector policial del CICPC, la agencia de investigación criminal de Venezuela.
En esa aparición pública declaró que «somos nacionalistas, patriotas, e institucionalistas. Esta lucha no es con el resto de las fuerzas estatales, es contra la tiranía de este gobierno».
El 15 de enero del 2018, efectivos de seguridad y colectivos de la administración de Maduro, realizaron un operativo llamado Operación Gedeón.
Allí presuntamente se desmanteló su equipo, abatiendo y arrestando a varios de sus miembros. Pérez murió en el operativo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad.
Luisa Ortega Díaz publicó poco después fotos de los cuerpos, incluido el de Óscar Pérez en el que se evidencia los impactos de bala, alegando que se trató de una ejecución extrajudicial.
Fernando Albán
El 2017 daría paso a una nueva ola de crímenes de la administración de Nicolás Maduero en contra de los que piensan diferente.
Varios de los delitos que investiga la CPI ocurrieron en el caso de Fernando Albán.
Encarcelamiento injusto, sin cometer ningún delito aparente, torturas, asesinato.
La oposición, Venezuela y la comunidad internacional se conmocionaron el 8 de octubre del 2018 cuando se confirmó el fallecimiento del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán.
Otro caso en el cual dieron una versión de los hechos en el momento, la cual este año, Tarek William Saab modificó.
Albán murió tras caer de un piso 10 de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Plaza Venezuela.
Tarek William Saab aseguró que se suicidó tras lanzarse de la ventana de un baño.
Sin embargo, se filtraron los informes de la autopsia, en las que se reveló que Fernando Albán sufrió signos de torturas graves.
El mismo William Saab el 1 de mayo de este año, admitió que Fernando Albán concejal del Municipio Libertador de Caracas fue asesinado en octubre de 2018.
Por ello, solicitó orden de aprehensión contra los dos funcionarios del Sebin.
Rafael Acosta Arévalo
Por mostrar su descontento con el manejo de la administración de Nicolás Maduro, el capitán de corbeta de la FANB, Rafael Acosta Arévalo, lo acusaron de «conspirar para llevar a cabo un intento de golpe de Estado».
Acosta Arévalo falleció a causa de las constantes torturas que recibió desde el momento de su detención.
El 26 de junio, después de seis días sin conocer su paredero, el ministro de comunicación e información Jorge Rodríguez, anunció su detención.
Rodríguez acusó al capitán y a tres militares más de incurrir en «los delitos de terrorismo, conspiración y traición a la patria.
Aseguró que los inculpados estaban preparando un golpe de Estado que incluía la muerte de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
El 28 de junio, a Acosta Arévalo lo trasladó una comisión del DGCIM a la sede del tribunal militar para realizar su audiencia de presentación, donde llegó en una silla de ruedas con graves indicios de torturas.
Acosta Arévalo presentaba muchas excoriaciones en los brazos, poca sensibilidad en las manos, inflamación extrema en los pies, rastros de sangre en las uñas, lesiones en el torso.
Tampoco era capaz de mover las manos o los pies, de poder levantarse o de hablar, con la excepción de aceptar el nombramiento de su defensor y de pedirle auxilio a su abogado.
El juez ordenó que el capitán fuera trasladado al Hospital Militar del Ejército Dr. Vicente Salias Sanoja, “Hospitalito”, ubicado en Fuerte Tiuna.
Más adelante el juez de la causa comunicó que Acosta Arévalo había fallecido en la noche en el hospital.
Estos son algunos de los casos más relevantes en los que se determina responsabilidad de la administración de Nicolás Maduro en contra de los venezolanos.
Torturas, asesinatos, uso inusual de la fuerza pública, intromisión de los colectivos, entre otros.
Venezuela se mantiene a la espera de una decisión final y que se compruebe la responsabilidad de las fuerzas del Estado en contra de tantos delitos que los venezolanos han sido víctimas
