El activista por los DD.HH. y experto en materia de fronteras, Walter Márquez, explicó que lo ocurrido en Apure entra la categoría de crímenes de guerra porque implica un conflicto armado regional
Lo que viene ocurriendo en la frontera de Apure con Colombia “no solamente son crímenes de lesa humanidad. También son crímenes de guerra”. El alerta lo hizo el exdiputado y experto en el tema fronterizo, Walter Márquez.
En entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias, Márquez dijo que hace la afirmación sobre la base del análisis de protocolos internacionales de 1949. Los mismos establecen que para que se cometan crímenes de guerra “tiene que haber un conflicto armado nacional o internacional o regional”.
Para Márquez en este caso específico de La Victoria el conflicto es regional. Tiene implicaciones geopolíticas entre Colombia y Venezuela. “Allí ha habido una confrontación entre las Fuerzas Armadas venezolanas, el grupo FAES (PNB) y grupos disidentes de las FARC que a su vez están enfrentados a lo que se llama la Nueva Marquetalia”, dijo.
Lea también: LA TORMENTA PERFECTA se avecina: escasez de gasoil ocasionará falta de alimentos en el país
Violencia contra la población civil
Explicó que uno de los asuntos más graves es “la violencia contra la población civil. De acuerdo al Derecho Internacional Humanitario debe estar al margen del conflicto. Hay sectores protegidos como las iglesias, ancianos, niños, pero se les han vulnerado sus derechos”, dijo.
Con respecto al tema del desplazamiento forzoso de miles de personas hacia Arauquita, refirió que «no solo es un tema social. También es un crimen de lesa humanidad. Hubo, por ejemplo, templos que fueron allanados, el mismo sacerdote de La Victoria, por mayor seguridad, se fue a Arauquita”, informó.
Indicó que “también ha habido saqueos, y eso es un crimen de guerra. Yo más grave es que no hubo suspensión de garantías. En pleno estado de derecho necesitaban una orden de allanamiento expedida por un tribunal civil o militar”, refirió.
Hizo un llamado a la comunidad internacional junto a la OEA y ONU a pronunciarse sobre este conflicto. Dijo que se debe “frenar esa escalada de violencia y evitar que se tienda a que sea normal porque esto tiene repercusiones binacionales”.
Márquez denunció que «estamos en presencia de torturas, tratos inhumanos y degradantes. Hubo asesinatos y todo esto varias organizaciones lo venimos documentando. La idea es seguir en la ruta nacional e internacional en la búsqueda de la verdad para que se castigue a los culpables y se repare los daños causados a las víctimas».
Recomendó a la población civil refugiada en territorio colombiano que maneje su retorno con mucha prudencia. “Hasta que haya garantías por las autoridades venezolanas para regresar», dijo.
Por otro lado, recomendó al ACNUR, Consejo Noruego de Refugiados y gobierno de Colombia aplicar protocolos similares. Lo que se quiere es proteger a estas personas en los refugios.
A su juicio, las instituciones deben evitar la escalada y extensión de la violencia «para que retorne la calma. Así la gente podrá regresar porque la condición de refugiado es difícil».
En este último punto llamó a la OEA y a Naciones Unidas a intervenir «ya que este conflicto debe ser analizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por la propia Secretaría General de la OEA ya que está afectando la relación binacional y especialmente a esa zona pacífica del Alto Apure».