El BID elaboró un informa que concluye que las sanciones contra Venezuela tienen “una afectación directa hacia la población”. Añade que “son poco efectivas para forzar un cambio político”
Sobre Venezuela pesan alrededor de 542 sanciones. Las mismas las impusieron en los últimos 5 años una serie de países, encabezados por Estados Unidos. La información fue publicada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que elaboró un informe destinado a analizar las consecuencias de estas acciones.
El documento resalta que la acción comenzó en el 2014 y es liderada hasta ahora por Estados Unidos con 300 designaciones. Le sigue Canadá con 113, la Unión Europea con 93 y Suiza con 36.
Estos actos incluyen sanciones comerciales, financieras y de movilidad personal. Originalmente tenían forma individual e iban dirigidas a personas relacionadas con «el régimen gobernante». Se incluyeron personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, evolucionado gradualmente desde 2017 a sanciones sectoriales.
Hasta ahora, las sanciones más robustas son las impuestas por el gobierno de EEUU. Lo hacen a través de su denominado Programa de Sanciones Relacionadas con Venezuela.
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Afectan a la población
El BID concluye que las sanciones contra Venezuela tienen “una afectación directa hacia la población”. Añade que “son poco efectivas para forzar un cambio político”.
«Desde 2017 las sanciones impuestas han pasado de ser individuales a sectoriales. Estas últimas no han acogido la forma de sanciones integrales o generalizadas. La comunidad internacional ha impuesto más de 542 sanciones. Pero los marcos normativos que las regulan en cada país emisor contemplan un conjunto de excepciones para transacciones. Las mismas están relacionadas con necesidades básicas de la población. También con bienes y servicios de carácter humanitario».
Al analizar el escenario de una futura Venezuela sin sanciones, el BID plantea que se debe tomar especialmente en cuenta que el extenso récord de las personas y entidades públicas sancionadas perdurará en los registros del sector financiero internacional por períodos que pueden superar con creces la fecha de levantamiento de las sanciones.
«Ante la urgente necesidad que se estima tendrá Venezuela de acceder a los mercados internacionales para procurar mecanismos de financiamiento, se vuelve una prioridad construir las capacidades y la institucionalidad requerida para reestablecer las relaciones de confianza», indicó el organismo.
