Este modelo se caracteriza por la intromisión de lo militar en todas las actividades de la vida del país, con una fuerte carga de violencia institucional y corrupción
La organización no gubernamental, Transparencia Venezuela, publicó un informe en el cual, a través de la investigación, se prueba como el régimen chavista ha instaurado en el país lo que la ONG denomina “el modelo de Estado cuartel”.
Se trata el informe Poder militar, crimen y corrupción, publicado en el portal de la ONG, donde destaca que este modelo comenzó a edificarse desde “la aparición en la escena política del proyecto ideológico de raíces cívico-militares conocido chavismo”.
Se remonta a 1999, cuando “el Estado cuartel” comenzó a tener sus características propias como “la violencia institucionalizada inspirada en la concepción del enemigo interno, el control de los castrenses en sectores medulares de la administración pública y la incorporación de integrantes de la Fuerza Armada Nacional (FANB) en la cúpula económica del país”.
Una de las conclusiones a las cuales llegó a ONG es que en eso “radica buena parte de las razones por las que, en las dos últimas décadas, militares activos y militares se han visto involucrados en violaciones de derechos humanos y han sido señalados de estar incursos en actos de corrupción”.
La investigación realizada sobre la base de fuentes documentales, trabajo de campo, testimonios y aportes de los especialistas que participaron en el estudio, revela el alcance que ha tenido la penetración militar en la vida nacional y cómo en su condición de depositarios de las armas de la nación, los componentes castrenses se han convertido en la cara más visible del uso ilegal de la fuerza, por parte del Estado, para contener el avance de la oposición política y enfrentar el creciente descontento popular que se expresa en manifestaciones y protestas, señala el informe.
La investigación “muestra las raíces y el alcance del poderío que detentan facciones de la institución armada dentro de la estructura de gobierno, mediante el aprovechamiento de las ventajas derivadas de ese manejo de sectores y servicios esenciales como agua, electricidad, alimentos, salud y transporte, entre otros; hasta erigir a la organización castrense en un auténtico emporio empresarial”.
Concluye el trabajo con que “el modelo político de rasgo militarista y autoritario instaurado en Venezuela ha tenido como eje transversal el aprovechamiento de la renta petrolera utilizado como pivote para su consolidación”.
La investigación es el resultado “de las numerosas denuncias documentadas por diversas organizaciones de la sociedad civil venezolana, que han pasado a engrosar los expedientes e informes adelantados por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la misión de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y que les han valido, además, a sus autores, severas sanciones económica por parte de autoridades de países como Estados Unidos, Canadá y miembros de la Unión Europea”.
