La ONG Acceso a la Justicia documento casos en los cuales el TSJ de Maduro desestima o retarda recursos presentado por chavistas disidentes para perjudicarlos electoralmente
Desde el siglo XV la justicia es representaba como una dama con los ojos vendados portando una balanza. La venda significa que la justicia es, o debería ser, impuesta objetivamente, sin favoritismos, independientemente de la persona, dinero, poder o vulnerabilidad de quien acude a ella.
Sin embargo, en Venezuela la dama parece tener los ojos bien abiertos, sobre todo a la hora de tramitar las demandas de la oposición. Pero también los abre si el chavismo disidente presenta alguna queja. El resultado es la desestimación de esas quejas, según relata la ONG, Acceso a la Justicia.
La ONG documentó tiene información de dos casos que corroboran el favoritismo del TSJ de Nicolás Maduro.
El primero ocurrió el 16 de septiembre, cuando la Sala Constitucional (SC) en su sentencia n.° 453 desechó un amparo del presidente del Partido Revolucionario del Trabajo (PRT), Otto Van Der Velde.
Este dirigente presentó en septiembre del año pasado un amparo que iba contra el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Van Der Velde acusó al organismo comicial de violar el artículo 51 constitucional, el cual prevé el derecho de los ciudadanos de «dirigir peticiones» a los organismos del Estado. Esto, por no dar respuesta a las solicitudes que introdujo a lo largo de 2020 para que su partido participara en las elecciones parlamentarias.
La intérprete de la carta magna desechó la petición alegando que esta no era la acción correcta a ejercer. No queda claro por qué la sala consideró que el amparo no era el medio adecuado, cuando no hay otro más rápido.
Más grave aún es que la propia Sala se demoró un año en responder a la solicitud del accionante. Es decir, mucho después de haber ocurrido el evento electoral en el que PRT pretendía participar.
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Otro caso de lentitud
Por otro lado, Sala Electoral (SE) emitió una sentencia en la cual rechazó conocer un amparo del exministro de Comercio, Eduardo Samán. La petición era contra la decisión del CNE de impedirle postularse para el cargo de alcalde de Caracas en las regionales de este 21 de noviembre.
Samán era candidato del Partido Comunista de Venezuela (PCV).
En la sentencia n.° 44 del 17 de septiembre de 2021, la sala remitió el expediente a la Sala Constitucional. El argumento era que esta sala está facultada “para conocer los amparos constitucionales en materia electoral”.
Pero, a estas alturas, cuando ya no hay chance de postularse, la sala Constitucional del TSJ aún no responde a Samán.
«No tengo idea de por qué esa inhabilitación. Solicito que me notifiquen por qué esta inhabilitación para ejercer mi derecho a la defensa», dijo Samán en un mensaje en sus redes sociales.
A la disidencia ni agua
Los casos señalados tienen un punto en común. Y es que los partidos políticos implicados (PRT y PCV) se han deslindado de Nicolás Maduro. En los últimos procesos electorales han competido contra él, a través de la Alianza Revolucionaria Patriótica (ARP).
Esto no es casual. Aquellas formaciones que han decidido romper con el Polo Patriótico, han sido blanco de decisiones judiciales.
El Partido por la Democracia Social (Podemos) es una de las primeras. Así, tras deslindarse en 2007 del oficialismo, en septiembre de 2012, a un mes de las elecciones presidenciales de ese año, la SC intervino a esta organización.
En 2020, en vísperas de las legislativas, el PPT y Tupamaro corrieron la misma suerte.
Pero la justicia no solo ha ignorado o respondido tardíamente peticiones de formaciones disidentes del chavismo, sino que ha tomado otras decisiones contra ellas para silenciarlas o neutralizarlas, en especial en vísperas de procesos electorales.
Así lo denunció el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en su informe Persiguiendo al chavismo: Discriminación por razones políticas contra disidentes chavistas y afines de la izquierda por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, en el que reveló que desde 2013, cuarenta y cuatro dirigentes oficialistas críticos con el Gobierno han sido víctimas de algún tipo de medida en su contra, y dieciséis de ellos están o han estado presos. Entre los afectados figuran el excandidato a la Alcaldía de Caracas y fundador de Marea Socialista, Nicmer Evans, y el exalcalde de Maturín, Numa Rojas.
En los últimos meses, los ataques contra la disidencia no han cesado, y prueba de ello fue la acusación que el pasado 4 de febrero lanzó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, contra el PCV, al que calificó de «quinta columna». «Hay una campaña orquestada para generar división en las fuerzas de la revolución venezolana y a estas alturas del partido o se está con la patria o se está contra la patria», afirmó, dejando en claro que el menor disenso dentro del oficialismo se castigaría.
