Las autoridades tienen en la mira a los creadores del “Catatumbo News”. Señalan que tal tipo de fake está penado por la Ley Especial contra Delitos Informáticos y el Código Penal
Las falsas alarmas o fake news divulgados sobre el relámpago del Catatumbo han levantado un revuelo. No solo porque hace más de 24 horas se convirtió en trending topic sino porque puede traer consecuencias y hasta cárcel para sus autores.
En este sentido, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, reaccionó en las redes sociales. Advirtió que generar falsas noticias puede ser un delito penado por la ley. “Crear alarmas y desinformación en toda la población venezolana, produce gran impacto para La Paz y seguridad ciudadana”, escribió en su cuenta de Twitter.
Posición que fue respaldada por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, que sostuvo que generar falsas noticias viola la Ley Especial contra Delitos Informáticos y el Código Penal venezolano.
Ceballos recordó que este tipo de prácticas generan falsas alarma y miedo, «además de generar desasosiego y desinformación».
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Todo esto viene a colación por la campaña publicitaria que inició una casa de apuestas en el Catatumbo, estado Zulia, a través de la cual divulgó un fake news. En un tuit circulado en redes sociales proyectaba un video en el que se infería el impacto de un relámpago en la integridad de un exjugador de la NFL, quien era el protagonista del audiovisual de la marca PointsBet Sportsbook. Dejaron la intriga y el acontecimiento se hizo viral. Solo horas después desmintieron el incidente explicando que se trató de una broma.
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Un juego que puede tener serias consecuencias
No se conoce si las autoridades se pusieron en contacto con los autores para advertir sobre el delito, pero lo que queda claro es que los tienen en la mira.
Los argumentos de los ahora en el foco acusador: pretendían promocionar un fenómeno maravilloso y único en el mundo entero, ¿pero a qué precio?
Una broma pesada que puede costarle caro a los autores, quizás no a la firma comercial, que está establecida en Estados Unidos, aunque sí a algunos de los involucrados que son de nacionalidad venezolana.
