El Instituto de Prensa y Sociedad en Venezuela (Ipys) lamentó que algunos medios, periodistas y en redes sociales se haya contribuido a difundir un lenguaje de odio por este suceso
“Bajo ninguna circunstancia, quienes se dedican profesionalmente a la comunicación social deben promover o replicar discursos de odio, como lamentablemente ocurrió con varios contenidos difundidos a través de algunos medios y redes sociales sobre la detención de 33 personas en un local de Valencia, estado Carabobo, el pasado 23 de julio de 2023”.
La denuncia la hizo, a través de un comunicado el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys), entidad que recordó que “el ejercicio responsable del periodismo está ajustado a la defensa de la democracia y los derechos humanos, lo cual implica pluralidad y respeto por la dignidad de las personas”.
Agrega que la institución “se ha dedicado a documentar las dinámicas relacionadas con la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública a partir de los estándares de protección más favorables. Tales estándares establecen restricciones legítimas que se sustentan, precisamente, en la responsabilidad que implica difundir informaciones y opiniones”.
Y en esta tónica cita al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien en el 2029 dijo: “Combatir el discurso de odio no significa limitar o prohibir la libertad de expresión. Se trata de impedir la escalada de dicha incitación al odio hacia algo más peligroso, en particular, instigando a la discriminación, la hostilidad y la violencia, lo cual está prohibido según el derecho internacional”.
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Lo que dicen las leyes y el caso de los 33
Así las cosas, el Ipys remarcó que “el proceso policial-judicial contra ‘los 33’, ejecutado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, fiscales del Ministerio Público y una jueza municipal de Carabobo involucra derechos expresamente consagrados en la Constitución: no discriminación, tutela judicial efectiva, libertad personal, respeto a la integridad física, psíquica y moral, inviolabilidad de las comunicaciones privadas, debido proceso, libertad de reunión y protección del honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación”.
Tomando en cuenta estos elementos, el instituto señala precisamente que “el periodismo consiste en examinar con rigor los derechos comprometidos en una situación antes de reproducir, sin más, la versión oficial”.
Y, en este caso, cree que “es particularmente grave que algunas personas periodistas y productoras de contenidos hayan incurrido en el error de publicar fotos y documentos de identidad de ‘los 33’, en respaldo a una narrativa que corresponde a un discurso de odio, en tanto estigmatizante y discriminatoria, contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer y de otras identidades de género (LGBTIQ+)”.
Considera el Ipys que “no es suficiente que el Ministerio Público y el Poder Judicial hayan convalidado la actuación policial. Todo relato periodístico que involucre derechos humanos debe procurar la mayor verificación y contraste de versiones posibles, con énfasis en la inclusión de la versión o versiones de quienes pueden ser víctimas de atropellos por abuso de poder o de autoridad”.
Algunos cumplieron
La institución destaca que “afortunadamente, muchos medios y periodistas cumplieron con la obligación de indagar más allá de la versión oficial, en una demostración de responsabilidad profesional. De esa manera, produjeron y brindaron contenidos mucho más integrales a efectos de precisar, comprender y analizar lo sucedido con los 33 detenidos”.
Desde IPYS asumen “este caso como una oportunidad para reflexionar sobre las formas en que se ejerce el periodismo en Venezuela y la necesidad de fomentar un desempeño profesional y respetuoso de la diversidad y dignidad de las personas”.
