La corrupción, las malas políticas económicas del régimen y su apoyo a grupos irregulares se destacan en un informe emitido por el Departamento de Estado
El Departamento de Estados de los Estados Unidos, emitió un informe en el cual alerta que Nicolás Maduro permite la acción de grupos terroristas para mantenerse en el poder.
“Maduro y sus asociados usan actividades criminales para ayudar a mantener su control ilegítimo del poder, fomentando un ambiente permisivo para los grupos terroristas conocidos, incluidos los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-D), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de origen colombiano. y simpatizantes de Hezbolá”, destaca el escrito publicado en la página web de la institución.
También hace un recuento de lo que ocurrido en el último año y destaca que “el 10 de enero de 2019, Nicolás Maduro buscó comenzar un segundo mandato ilegítimo como presidente, luego de las elecciones presidenciales de 2018 que fueron condenadas ampliamente como fraudulentas”.
Igualmente recuerda que “Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional (AN), invocó la constitución venezolana el 23 de enero sobre las vacantes en la Oficina del Presidente para asumir el papel de Presidente Interino”.
Sobre los vínculos del régimen con los grupos terroristas, el informe indica: “los lazos financieros con las FARC-D, el ELN y los grupos paramilitares venezolanos facilitan la corrupción pública y los esquemas de corrupción del régimen para incluir a miembros de las fuerzas armadas”.
Asimismo, califica como “preocupantes” “los informes que señalaban una cooperación esporádica entre las FARC-D y el ELN en las áreas de control de carreteras / fronteras, distribución subsidiada de alimentos, reclutamiento y desplazamiento forzado de comunidades indígenas vulnerables y tráfico de narcóticos y oro ilegales”.
Cita informaciones de medios “locales e internacionales” que señalan que “el ELN estuvo presente en 12 de los 24 estados de Venezuela (con especial fortaleza en los estados de Anzoátegui, Amazonas, Apure, Bolívar, Zulia y Táchira)”.
Y alerta que “la presencia del ELN se ha expandido más allá de su base histórica en la zona fronteriza con Colombia. Los medios informan un papel cada vez más importante para el ELN en la distribución de alimentos subsidiados por el régimen, el contrabando (gas, productos básicos, carne), la extorsión, la minería ilegal y la propaganda de reclutamiento, a veces a través del control de las estaciones de radio”.
Incidentes terroristas en 2019
El documento habla de “los incidentes terroristas en Venezuela reflejaron la creciente presencia y control territorial del ELN. Se incrementaron las confrontaciones entre el ELN, otros grupos armados ilegales colombianos y venezolanos y las fuerzas gubernamentales venezolanas”, lo cual se agrava con que “no hubo cambios en la legislación antiterrorista de Venezuela en 2019”.
Sin voluntad política
Por otra parte, destaca que Maduro “no ha demostrado voluntad política para abordar las preocupaciones sobre terrorismo en Venezuela. La usurpación del régimen del sistema judicial y los servicios militares / de seguridad para sus propios fines ilícitos, la corrupción pública desenfrenada y la cooperación con elementos criminales proporcionaron condiciones ideales para la actividad ilegal”.
El informe también toca aspectos internos del país y las políticas erradas del régimen. “La mala gestión económica del régimen ha creado graves limitaciones de recursos. El régimen usa regularmente cargos de terrorismo para perseguir a la oposición política y reprimir la disidencia. Ha acusado sin evidencia o debido proceso al Jefe de gabinete de Guaidó y a varios diputados de AN de terrorismo”.
También denuncia “la corrupción sistemática plaga la emisión de pasaportes venezolanos y documentos de identificación. En diciembre de 2019, Estados Unidos sancionó a los directores actuales y anteriores de la agencia de pasaportes de Venezuela (Servicio Administrativo de Identificación, Migración e Inmigración) a la luz de actividades como la venta de pasaportes de la agencia por miles de dólares, incluso a ciudadanos no venezolanos”.
Asimismo, condena “la seguridad fronteriza en los puertos de entrada” y señala que “es vulnerable y susceptible a la corrupción. No existe un sistema automatizado para recopilar registros API o PNR en vuelos comerciales o para verificar los manifiestos de vuelo con datos de desembarque de pasajeros”.
Finalmente, resalta que “el gobierno de Guaidó trabajó con socios regionales para invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (también conocido como el Tratado de Río) en septiembre para abordar las actividades ilegales del antiguo régimen de Maduro, incluido el terrorismo y su financiación. Guaidó se comprometió a trabajar estrechamente con el presidente colombiano (Iván) Duque en la amenaza regional que representan el ELN, las FARC-D y otros actores armados ilegales en Venezuela”.
