La consulta se dará en un contexto de guerra contra una veintena de bandas criminales que siembran el terror en el país
La autoridad electoral de Ecuador resolvió este miércoles realizar el 21 de abril la consulta popular planteada por el presidente Daniel Noboa para enfrentar a violentas bandas del narcotráfico con medidas como la extradición y el aumento de penas.
Con cuatro votos a favor de sus cinco miembros, el Consejo Nacional Electoral (CNE) “aprobó el calendario electoral y declaró el inicio del proceso electoral” para la consulta popular, señaló el órgano en un comunicado.
Los ecuatorianos decidirán en esa ocasión sobre la participación de militares en el control de armas, el aumento de penas para delitos vinculados al crimen organizado y la posibilidad de que la fuerza pública emplee armamento decomisado a criminales.
Otras propuestas del Ejecutivo son permitir la extradición de connacionales, reconocer el arbitraje internacional en controversias comerciales y dar luz verde al trabajo por horas, a lo que se oponen sindicatos.
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Los resultados del referéndum serán proclamados el 5 de junio, de acuerdo con el calendario divulgado por el CNE a la prensa.
Los ecuatorianos también deberán ratificar una reforma constitucional aprobada por el Congreso en diciembre pasado para que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en el combate al crimen organizado.
La consulta planteada en enero por Noboa, quien asumió el cargo en noviembre, se dará en un contexto de guerra contra una veintena de bandas criminales que siembran el terror en el país.
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El mandatario declaró a la nación en “conflicto armado interno” tras la fuga a inicios de enero del líder de la temida banda de Los Choneros de una cárcel de Guayaquil (suroeste), Adolfo ‘Fito’ Macías, y una arremetida de agrupaciones narco aliadas con carteles mexicanos y colombianos, que dejó una veintena de muertos.
La medida le permitió desplegar a las fuerzas militares a las calles y cárceles para neutralizar a las organizaciones tildadas de “terroristas” y “beligerantes”.
Poco más de un mes después, la fuerza pública ha detenido a más de 7.500 personas y ha confiscado unas 50 toneladas de drogas.
