La ONG Fundaredes recopiló los testimonios de los familiares de los detenidos en el conflicto en Apure
La ONG Fundaredes denunció que el conflicto armado en el estado Apure, además de muertos, heridos y desplazados, tienen otro balance aterrador. Se trata de las detenciones arbitrarias que la organización calcula en 32.
“32 son los civiles detenidos arbitrariamente por delitos que no cometieron. A 26 de ellos los trasladaron al área de procesados militares del Centro Penitenciario de Occidente y el resto se encuentra detenido en el Batallón 992 de Apure. Sus familiares exigen su libertad plena”, publicó Fundaredes en Twitter.
La instancia publica varios testimonios de familiares que dan cuenta de la situación en que se encuentran estas personas.
Por ejemplo, la esposa de José Antonio Artigas, denunció que lo sacaron de su vivienda el 21 de marzo. “Lo expusieron por largas horas al sol y luego lo trasladaron al Batallón 922”.
Destaca el caso de Elvis Guerrero, una persona con discapacidad y el joven Rafael Gómez ambos detenidos.
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“Mariangel Artigas, hermana de José Artigas, exige justicia para él porque es inocente de los cuatro delitos que le imputan, es solo una víctima más del conflicto armado de Apure. Todo esto vulnera sus derechos humanos”, dice Fundaredes.
“Otra víctima de detención arbitraria en el estado Apure es Carlos Favier Gutiérrez. Su esposa María Vásquez exige su liberación porque Gutiérrez es el sostén de su hogar y padre de cinco niños”, agregó.
Asimismo, a Edgar Hernández Romer Cantero, detenidos en el sector La Capilla, “los sacaron a la fuerza de su vivienda delante de sus hijos”.
Una de las situación de las situaciones más terribles es la de Mónica Triana, quien tenía dos meses de gestación. “Los funcionarios detuvieron y golpearon provocándole un aborto”.
“El conflicto armado del estado Apure provocó que más de 6.000 habitantes de distintas localidades huyeran hacia Colombia en busca de refugio y protección. Desde Fundaredes exigimos libertad plena para las personas injustamente detenidas por delitos que no cometieron”, expresó la ONG.
Finalmente, denuncia que “el Estado venezolano no ha brindado protección a los civiles que están en medio del conflicto armado en Apure. La situación, “vulnera los derechos fundamentales de las personas que habitan en esa entidad venezolana”.
