La Fiscalía del país vecino descubrió que varios funcionarios públicos estarían implicados en el caso
La Fiscalía de Colombia adelanta una investigación contra una red de corrupción en relación con los recursos aprobados, tras los acuerdos de paz en ese país, en el 2017.
La inflación la dio a conocer la W Radio que señala haber tenido acceso a información sobre esa investigación en la que estarían involucrados “funcionarios del Ministerio de Hacienda, poderosos senadores de la República y funcionarios de la Fiduprevisora”, entre otras entidades.
En medio de la audiencia adelantada en la ciudad de Cali, la Fiscalía General reveló una interceptación en la que es nombrado el senador Roy Barreras.
“A través de Roy Barreras me dijeron que se abría una nueva convocatoria”, dice en la grabación Mauricio Quintero, uno de los contratistas investigados en el escándalo.
Por estos hechos y tras encontrar otras pruebas, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a Barreras y a otros dos senadores mencionados en medio del escándalo.
La Fiscalía relató que desde 2017 esta red gestionó de manera irregular contratos de la paz, como proyectos productivos y planes de atención a poblaciones afectadas.
Entre los involucrados ya fueron judicializados Eduardo Alfredo Ghisays, empresario de Córdoba; Milton Cuero, alcalde de El Charco (Nariño); Johan Velázquez, alcalde de Mosquera (Nariño); Federman Riascos consejero de paz de la Tola (Nariño) y el contratista Wilmar Caicedo.
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En la audiencia, el ente acusador contó que un grupo de 30 personas de Bogotá, Cali, Montería y municipios de Nariño desangraron los recursos que destinó el gobierno para la paz en las zonas más afectadas por el conflicto en Colombia.
Según la Fiscalía, esta red se contactó con funcionarios públicos con los que negociaron dádivas a cambio de asignaciones presupuestales.
La Fiscalía dice que funcionarios públicos de nivel central y territorial se beneficiaron de los recursos para el postconflicto, entre ellos candidatos a alcaldes y gobernadores. El ente acusador señaló que el dinero terminó financiando campañas políticas.
Los investigadores encontraron que estas personas hacían transferencias a sus cuentas de los recursos que llegaban a los municipios destinados a proyectos del postconflicto.
Uno de los integrantes de la red se encargaba de contactar senadores y funcionarios del Ministerio de Hacienda.
