Los intentos desesperados del dictador por tratar de mantener una unidad y una fortaleza que no existe en la dictadura, condujo al usurpador y a su cúpula de corruptos a aprobar inconstitucionalmente una ley denominada “Antibloqueo” con el único objetivo de amparar y ocultar el robo a nuestro país.
El único poder legítimo que existe en Venezuela es la Asamblea Nacional, elegida por millones de venezolanos durante el año 2015. Solo el Parlamento tiene la potestad de aprobar leyes para establecer las negociaciones que sean pertinentes para el país y para nuestra gente; por este motivo, principalmente, esa supuesta Ley no tiene ningún tipo de validez.
Sin embargo, debemos decir que la intención real de Maduro es saquear y robar al país eludiendo las sanciones que pesan en su contra, así como sobre varios de sus esbirros, por cometer crímenes de lesa humanidad, sus alianzas con el narcotráfico y el terrorismo. Hay varios aspectos en la fraudulenta Ley Antibloqueo que es necesario que la gente comprenda para asimilar el autoritarismo radical del usurpador en Miraflores.
Primero, tendría la capacidad de calificar de confidencial o reservada la documentación que considere necesaria ocultar, con el objetivo de vetar a los venezolanos de su derecho a conocer las negociaciones y la entrega de las estatales a cualquier corrupto que intente mantenerlo aferrado al poder. Asimismo, intenta tapar esta realidad, señalando que solo la Contraloría General y el Poder Judicial, usurpados, podrían tener acceso a esas negociaciones confidenciales, pero con previa solicitud al dictador.
Otro de los puntos más alarmantes se encuentra en uno de los artículos de esta ley antidemocrática, dónde el usurpador busca modificar los mecanismos de constitución, gestión, administración y funcionamiento de empresas del Estado, mixtas o públicas, tanto en el territorio nacional como en el exterior; con el objetivo de disfrazar con “garantías para la inversión”, las acciones de nuestra estatal Pdvsa y de otros recursos pertenecientes al Estado, para buscar atraer capitales extranjeros bajo la promesa de “cláusulas de protección de su inversión, a los fines de generar confianza y estabilidad”.
Finalmente, todos estos intentos del dictador para demostrar “poder” y “control” son solo eso, intentos desesperados de una persona que ya es catalogada en el mundo como el criminal y dictador que es. El Gobierno Encargado legítimo de Venezuela presidido por nuestro hermano, Juan Guaidó, cuenta con el respaldo internacional y nacional para evitar que el capital venezolano siga siendo utilizado para derroche y consumo propio, así como para fomentar la trata de personas, el narcotráfico, el terrorismo y las muertes en el país.
Debemos entender que ningún centavo que entre a la Nación a manos del dictador será utilizado para respiradores artificiales, pruebas para determinar la COVID-19, ni para insumos, medicinas y mucho menos alimentos para salvar a nuestra gente de la crisis sin precedentes que estamos atravesando gracias a ellos.
Todos y cada uno de los recursos que han utilizado, lo han usado para fomentar la delincuencia y las riquezas individuales, mientras en el país ya no se consigue ni combustible ni medicamentos y mucho menos se puede gozar de servicios públicos básicos.
Seguiremos unidos, entendiendo que la comunidad internacional está de nuestro lado, pero, sobre todo, luchando desde nuestros espacios. Que nadie nunca calle nuestras voces, recuperaremos pronto a Venezuela y nuestros familiares volverán por Maiquetía.