La ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) hizo un informe que resalta que Maduro y sus instituciones tratan a los venezolanos como el “enemigo interno”
En el 2021 hubo 743 ataques contra defensores de los Derechos Humanos. Es la conclusión del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) en un informe anual emitido este jueves. La cifra representa un aumento de 145% con respecto a 2020, señala la ONG.
El año pasado “estuvo marcado por el aumento de las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela. La política de criminalización, represión y control social recrudeció, generando graves afectaciones a las libertades fundamentales”. Esto, principalmente en lo relacionado con “los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa de derechos humanos”, agrega el documento.
“El Estado venezolano siguió aplicando la tesis del enemigo interno y la doctrina de la seguridad nacional”. Lo hace “mediante acciones contrarias a sus obligaciones internacionales”. Y agrede “a quienes se encuentran en primera línea de acción, en atención de la crisis social y de derechos humanos”, asevera.
La organización cita como ejemplo lo que ocurre con el director de Fundaredes, Javier Tarazona, detenido junto con su hermano y otro activista, desde el 2 de julio.
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Los ataques aumentan
En el informe, el CDJ destacó en julio hubo 140 ataques. Le siguen abril (115), enero (99), octubre (73), marzo (56) y septiembre (49).
“Aumentaron los niveles de riesgo para el movimiento de derechos humanos en el país. El incremento del uso del derecho penal para perseguir y la promulgación de nuevos instrumentos normativos asociados a temas de terrorismo, delincuencia organizada y legitimación de capitales fueron empleados para justificar la tesis del enemigo interno”, agregó.
Destacó que hubo 502 casos de estigmatización, 16 detenciones arbitrarias, 125 hostigamientos, 15 judicializaciones, 50 amenazas, 13 ataques digitales, 5 allanamientos, entre otros.
Mientras que los principales responsables de los ataques e incidentes se dividen entre los medios de comunicación del Estado (229). Le siguen funcionarios públicos (221), personas o agrupaciones afectas a los intereses del Estado (127). Y finalmente están las instituciones públicas (103) y organismos de seguridad del Estado (63).
