La política de criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos se ha agudizado durante el estado de alarma decretado en el país el 13 de marzo
En Venezuela ser defensor de los Derechos Humanos, en un país donde estos son los más violentados por el régimen, tiene un alto costo. De allí que en lo que va del año, al menos 109 personas y organizaciones que defienden los DD.HH fueron atacados. situación que se ha agravado durante la pandemia por COVID-19.
Así lo establece un informe publicado este lunes por el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
“La política de criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos se ha agudizado durante el estado de alarma decretado en el país el 13 de marzo (…) El Estado venezolano continúa agrediendo a quienes defienden derechos humanos bajo la lógica del enemigo interno”, señala el escrito.
La ONG contabilizó 51 ataques en el primer trimestre y otros 58 entre abril y junio, justo durante los cuales el régimen de Nicolás Maduro ha impuesto la cuarentena para evitar la propagación del nuevo coronavirus.
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El informe señala que entre los más atacados figuran los profesionales de la salud, trabajadores de organizaciones humanitarias, periodistas, activistas sociales, líderes sindicales y defensores de derechos humanos.
La investigación explica también que las formas más usadas para atacar han sido “actos de intimidación y hostigamiento, persecución, detenciones arbitrarias, judicialización, amenazas de muerte, ataques digitales y restricciones legales de la libertad”.
Además, se registraron 43 “estigmatizaciones” durante el segundo trimestre, ataques que muestran “el uso de los discursos de odio y desprestigio, ejecutados por autoridades e instituciones del Estado a través del sistema nacional de medios públicos para afectar el trabajo de las organizaciones y personas que defienden derechos humanos”.
El informe también señala que 35% de los responsables de todos estos ataques han sido los medios públicos que controla el Ejecutivo, 31% funcionarios o instituciones del Estado, 12% los organismos de seguridad y 22 % de “otros” que no fueron especificados.
En el segundo trimestre, subraya el CDJ, los venezolanos no han dejado de protestar en las calles debido a la crisis económica y “se ha puesto en evidencia la sistematicidad y el agravamiento de las condiciones adversas en las cuales las personas y organizaciones en Venezuela defienden y exigen derechos humanos”.
Por todo ello, la ONG pide que se investigue y sancione a los responsables de cometer estas agresiones toda vez que “el derecho a defender se ha convertido en una labor de alto riesgo” en el país sudamericano.
