En mayo de este año, Nicolás Maduro emitió un decreto para cambiar de nombre los recintos de reclusión donde permanecen los presos políticos
Ante las violaciones de los DD.HH. y las denuncias ante instancias internacionales como la ONU y la CPI, la administración de Nicolás Maduro, emitió un decreto que trae consigo una nueva estrategia para calificar a los presos políticos como delincuentes comunes.
¿Cómo se hace? “Cambiando la figura y el nombre de los principales centros de tortura en el país, al pasarlos de los organismos de Inteligencia al Ministerio Penitenciario”, denunció la ONG Control Ciudadano.
La organización señala que el reciente informe de la Misión de Determinación de los Hechos y la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, “apuraron la medida”.
Recuerda que “militares como el general Raúl Baduel, le imputaron conspiración y traición a la patria cuando estaba a punto de terminar su condena por corrupción”. Solo lo hicieron “para mantenerlo preso por casi cinco años, sin juicio, en el centro de tortura conocido como La Tumba del Sebin”. Luego, “lo pasaron a otra cárcel del Sebin a la que le cambiaron el nombre. Pero, el general murió ahí”.
Otro de los militares presos políticos más simbólicos, Caguaripano Scott, también lo llevaron al Sebin, donde le obligaron a usar el uniforme de los presos de las cárceles comunes.
Todo es parte del decreto que en mayo firmó Nicolás Maduro para maquillar la cara de los centros de tortura, señala la ONG. “Todo para desaparecer la fachada y el nombre de los lugares donde han sido torturados y asesinados varios presos políticos”.
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En otros centros
Destaca que “ya sucedió en El Helicoide y en la Dgcim de Boleíta, en Caracas. Lo mismo sucederá con las otras cárceles o centros de reclusión donde hay presos políticos civiles y militares, como Fuerte Tiuna. Incluso también ocurrirá con la única verdadera cárcel militar en Venezuela, el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, en el estado Miranda”.
Los presos políticos pasan a tener estatus de presos comunes, agrega. “Los únicos que mantendrán un estatus distinto son los guerrilleros del Décimo Frente de las FARC que dirige Gentil Duarte, de los cuales hay bastantes en la Dgcim y en Ramo Verde”, afirma.
La entrega
El 15 de octubre se hizo el acto de entrega de la custodia en la Dgcim Boleíta, con retiro de los estandartes militares. Los sustituyeron por los del Ministerio Penitenciario. Obligaron a los militares detenidos a usar el uniforme de presos comunes. Esto causó la protesta de algunos de ellos, como también ocurrió en El Helicoide con Baduel y Caguaripano.
Familiares de presos políticos militares y civiles le entregaron a la representante de la ONU en Venezuela un documento sobre la situación de los militares presos políticos. Cuando poco después llegó uno de los delegados de Bachelet y reconoció que el gobierno venezolano no reconoce el estatus de preso político.
Las familias denuncian la inacción de los delegados en Venezuela de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ante los funcionarios. Todo en detrimento de los detenidos, torturados física y psicológicamente en los sótanos de la DGCIM, del SEBIN, de El Helicoide y otras instalaciones.
El primer caso ocurrió con los detenidos en La Tumba, centro de tortura, ubicado en el sótano del edificio principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).
Otro nombre… mismas torturas
Desde La Tumba hasta El Helicoide, que también estaba a cargo del SEBIN, trasladaron a Raúl Isaías Baduel, quien 12 días después muere en condiciones aún no esclarecidas totalmente.
También trasladan al capitán (GNB) Juan Carlos Caguaripano Scott, quien lideró la Operación David, la del asalto al Fuerte Paramacay en el 2017.
A El Helicoide le cambiaron el nombre por Centro de Reclusión Región Capital de Máxima Seguridad. Anteriormente habían pintado diversas áreas, arreglado la forma del lugar para hacerlo más agradable a la vista de los delegados de Bachelet.
Aunque Nicolás Maduro decretó en mayo que en un mes dichos lugares deberían pasar a manos del Ministerio Penitenciario, fue hace un par de semanas, quizá por el duro informe de la Misión de Determinación de los Hechos cuando se aceleró el traslado.
