El año pasado por esta época se hablaba de una recuperación de Venezuela. Un año después no solo no hay tal recuperación, sino que el venezolano perdió una de sus más grandes conquistas: las prestaciones sociales
El 1 de mayo de este año, Juan Valdez (nombre ficticio), tenía cierta esperanza con el anuncio de Nicolás Maduro acerca del aumento de sueldo que, se decía, iba a llegar a 30 dólares.
No es que era mucho, pero, al menos el anciano esperaba poder tener un respirito en sus ingresos, porque la pensión de 130 bolívares, más los 40 dólares que le manda a la familia uno de sus nietos que emigró a Perú, cada vez que puede, no alcanza para nada.
La decepción fue tan grande que se quedó mudo por un rato, viendo la televisión. “Maduro no aumentó el salario mínimo, lo desapareció y en su lugar aprobó unos bonos que son una lotería. Por lo menos a mí a veces me ha llegado alguno, a pesar de que tengo mi carnet de la patria”, dice este abuelo pensionado del Ivss y exdirigente sindical, en una empresa del sector privado.
“Cuando comencé a trabajar ganaba el mínimo y me alcanzaba para todo. Cuando comencé a recibir mi pensión hace 10 años, algo hacía con eso. ¿Pero, ahora? Mi nieto emigró junto con unos amigos y su esposa. Apenas puede nos manda algo a su mamá, sus hermanos y a mí. Mi hija es trabajadora en una empresa privada y gana un poco más de 100 dólares mensuales ¿para qué alcanza eso? Nos han convertido en un país de mendigos, de mano estirada para esperar las migajas del gobierno”, lamentó el abuelo.
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Un grave problema
Para Oscar Mesa, director del Cendas-FVM, “la bonificación del salario decretada por Nicolás Maduro desde el 1 de mayo es un enorme problema, sobre todo para los venezolanos que no ganamos en dólares, para los empleados públicos y los pensionados y jubilados del IVSS”.
Maduro “despachó de un plumazo décadas de luchas sindicales y reivindicaciones salariales que han puesto a Venezuela a la cola, entre los países del mundo donde peor se paga a sus trabajadores. Incluso por debajo de Cuba y Haití, solo por mencionar algunos casos”, remarcó.
Según el más reciente cálculo del Cendas-FVM, el costo de la Canas Alimentaria se ubica en 526 dólares, para una familia compuesta por 5 o 6 personas. “Estamos hablando de los gastos solamente de alimentos y tenemos que, al mes, en promedio, una persona puede gastar 100 dólares. Esto ¿qué quiere decir? Que ese salario de 130 bolívares paga una ínfima parte de ese monto y, si vamos a los bonos aumentados a 70 dólares, tampoco es que alcance para mucho”, enfatizó.
Actualmente, “se necesitaban unos 100 salarios mínimos para poder costear la comida: pero, no hemos sumado a la ecuación lo que cuesta el transporte, los servicios, la ropa, el calzado y todos los gastos extras. Estamos hablando de casi 1.100 dólares mensuales que prácticamente ningún venezolano puede pagar”, agregó.
Recordó que este año “la inflación acumulada está en 67,7 %, mientras que la interanual es de 501 %. Este panorama empeora cuando la actividad económica del país registró una caída de 8,3% en comparación con el mismo período del año pasado”.
“La poca recuperación que se venía registrando a principios del año pasado se fue por la tubería y de marzo para acá, sobre todo tras la activación del IGFT, todo ha ido para peor”, agregó.
A respecto, Mesa destacó “los errores que se vienen cometiendo en materia económica y salarial los estamos pagando los venezolanos que menos tenemos. Incluso, aquellos pocos que ganan en divisas, en un promedio de 130 dólares mensuales, lo están pasando mal, porque en un año el poder adquisitivo de los dólares ha bajado al menos a la mitad. Por ejemplo, en un año, la inflación de los rubros en dólares supera por mucho a la que hay en Estados Unidos y esto no lo soporta ningún bolsillo”, dijo.
Prestaciones pobres
Para Mesa, el “veneno” de este incremento está en que “no hay tal aumento”, aunque en el gobierno digan lo contrario. No hay aumento porque “no importa que un trabajador reciba 75 dólares o lo que sea por concepto de bonos, porque a la hora de calcular sus prestaciones y demás beneficios sólo se tomará en cuenta el salario mínimo que data de marzo del 2022: es decir menos de 5 dólares que seguirán bajando, si el tipo de cambio sigue en aumento”.
Por ello, el entrevistado insiste en que lo que hizo Maduro no solo “violenta la ley y la propia Constitución” que establece en su artículo 91: “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”.
Aclara que “los trabajadores del sector privado también están perjudicados, porque con la reconversión reciente muchos pasaron a percibir honorarios profesionales y a los que se quedan en la nómina, ganando un salario mínimo, el mismo seguirá siendo usado para calcular sus aguinaldos, utilidades y vacaciones”.
Lamentó que al hacer estos cálculos y al haber “desaparecido las prestaciones sociales no se garantiza ninguna protección social al trabajador y su familia”.
Pan para una semana
Junto a Juan se encuentra su hija Gladys (nombre ficticio), quien cuenta que hasta el 2018 trabajó en una empresa privada con un sueldo “más o menos por encima del salario mínimo.
Tras la reconversión dejaron en el mínimo y comenzaron a pagarnos un bono en dólares, sobre todo tras el apagón del 2019. Pero, las cuentas no daban y nos pasaron a varios a percibir honorarios profesionales. Recuerdo que nos liquidaron y lo que me tocó por más de 5 años en esa empresa me sirvió para comprar pan solo por una semana”.
Cuenta que ahora, igual, trabaja en otra empresa privada, recibe 120 dólares mensuales, más los 40 dólares del hijo que está fuera.
“Nosotros somos catalogados como escuálidos y aunque obligada tuve que sacar mi carnet de la patria, cuando la pandemia, solo me han caído como dos bonos de esos, igual que a mi papá. Lo cierto es que con la pensión y lo que percibo no llego a los 150 dólares. Eso no me alcanza y por eso hago tortas, galletas y hasta vendo chucherías en la oficina y en mi casa puse una venta de huevos al detal, a ver si me redondeo un poco”.
Estallido social
Oscar Mesa recuerda que, en el 89, previo al Caracazo le tocó medir el índice de descontento social alerta que “ese indicador no es nada en comparación con lo que pasa actualmente, con el descontento de la gente”.
No en vano, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, la mayor parte de las protestas en el país siguen siendo de trabajadores, por problemas económicos, relacionados con el reclamo de reivindicaciones salariales.
Crisis evidente
Para la Academia de Ciencias Económicas, este aumento de los bonos “pone en evidencia, no sólo la crítica situación fiscal que atraviesa la República, sino que compromete gravemente, además, la existencia del sistema de protección social en Venezuela, ya muy frágil”.
En un comunicado, la institución advierte que “en la medida que la moneda soberana, el bolívar, se siga debilitando frente a otros activos monetarios, el poder de compra del salario mínimo (que sigue marcado en bolívares), como su expresión en otras monedas se irá reduciendo”.
Y agrega un elemento en el que coincide con Mesa. Dice que “ello conducirá, eventualmente, a la desaparición del salario mínimo como figura de protección. Supondría, en el caso venezolano, la desaparición también de las pensiones, un beneficio que por ley se otorga en montos iguales al salario mínimo. Más aún, en la medida que importantes beneficios conquistados por los trabajadores venezolanos, como son la indemnización por cesantía y las utilidades, se calculan en función del salario mínimo, estos beneficios corren, de igual manera, el riesgo de desaparecer”.
Paren la inflación
Para los académicos, de no ser detenido el proceso de inflación que viene azotando a la sociedad venezolana y de instalarse este diseño en las remuneraciones, tres importantes componentes del sistema de protección social venezolano corren peligro de quedar eliminados en poco tiempo, a saber: el salario mínimo, las pensiones y la indemnización por cesantía (prestaciones sociales)”.
La Academia advierte además que “el diseño que está detrás del ajuste y asignación de estos bonos (bono de alimentación y bono de guerra) es claramente discriminatorio, sin que las razones que puedan pensarse para esa discriminación tengan mérito alguno. Los jubilados y pensionados en Venezuela no son beneficiarios del bono de alimentación, sólo los trabajadores activos, y el llamado bono de guerra se otorga en montos muy diferentes, sea el beneficiario trabajador activo (US$ 30), jubilado de la administración pública nacional (US$ 49) o pensionado de la seguridad social (US$ 20)”, explica.
Gasto público y poca posibilidad de compra
Los expertos destacan que “la nominación de las bonificaciones en divisa, si bien reporta alguna ventaja a los beneficiarios, se constituye en una restricción adicional al gasto público, haciendo más rígida la prociclicidad de la gestión fiscal; y de aplicarse una política cambiaria de apreciación real de la moneda, igualmente presionaría a la baja la capacidad de compra del trabajador”.
Ratifican que “en el diseño de estas medidas priva la crisis de las finanzas públicas que se posa sobre la República. Se intenta con estas medidas minimizar la carga que supone el aumento del salario mínimo y sus beneficios sobre las finanzas del Estado”.
En este sentido, “la Academia advierte, una vez más, que, ante el disminuido tamaño de la economía y la drástica reducción de la renta de origen petrolero, se hace imperioso el redimensionamiento del Estado venezolano, la eficiencia en la gestión de sus recursos, y el combate al reparto de sus activos y a la corrupción”.
Agregan que “si estas acciones no son suficientes para mantener e incluso fortalecer el sistema de protección social que priva en las leyes venezolanas, entonces procede un rediseño del sistema de seguridad social en Venezuela que lo haga acorde a las circunstancias actuales, en aras de que la población vulnerable tenga acceso a beneficios que verdaderamente dignifiquen su calidad de vida y a servicios de buena calidad”.
Pero, enfatiza en que “lo que no parece admisible es apostar, como parece ser la tendencia, a la desaparición del sistema de protección al que se debe el Estado, en un país con graves carencias y un altísimo grado de vulnerabilidad social”.
