A través del Monitor de Víctimas se supo cómo vidas inocentes se apagaron en la violencia provocada por la banda de El Koki
Si algo hubo en la Cota 905, la semana pasada, fue muerte. De las 23 víctimas de la violencia desatada por la banda de El Koki, solo 4 eran delincuentes, el resto se reparte entre civiles inocentes que estaban en el lugar y horas equivocados y funcionarios policiales.
La información se conoció a través del Monitor de Víctimas, en alianza con el portal Runrunes.
“Hasta el momento solo cuatro personas presuntamente pertenecientes a la banda de El Koki murieron en el operativo policial Gran Cacique Indio Guaicaipuro. Los casos recogidos e identificados incluyen a 19 civiles y cuatro uniformado. 15 víctimas no tenían relación con la megabanda y murieron en ejecuciones extrajudiciales o al ser alcanzadas por balas perdidas”, señala el monitor.
Destaca el caso de una madre que ya ha perdido a dos hijos, por la violencia en el sector. Por razones de seguiridad no se le identifica, solo es necesario saber que al acudir al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), apenas podía sostenerse.
Tuvo que ir a la conocida “Morgue de Bello Monte” a reconocer el cuerpo de su hijo. Llora y grita y solo pregunta: “¿Por qué? Él no era malandro”. “¿Cuántas madres estaremos así por todo esto?”, cuestiona, a su vez una mujer que ve la escena.
En el interior de la morgue solo puede estar un familiar por fallecido. Otra madre espera saber cuándo llegará el cadáver de su hijo. El 12 de julio, en La Vega, al joven de 26 años lo mataron en medio de la operación policial.
Cuenta que los amigos de su muchacho reconocieron la foto del joven en el servicio de mensajería Telegram. “Yo no sé cuántas cuentas revisé, que si la de David Glock, la de Román Camacho, todas… Pero en una lo encontré. Era la foto de él, muerto. No lo identificaban, solo decía ‘estos son más de la Cota’. Por eso sé que lo mataron”, relataba, bañada en llanto.
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Funerales controlados
A los familiares de las víctimas les dijeron que no entregarían los cuerpos de inmediato. Tampoco les permitirán velorios. Los llevarán directamente al cementerio, para unos “funerales controlados”.
Este es el mismo método que los organismos de seguridad del Estado usaron cuando mataron a Óscar Pérez en el 2018. También ocurrió en enero de este año, en la masacre de La Vega.
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Sin hijos
El joven de 26 años trabajaba como colector en el transporte público de la parroquia Sucre. “Antes, laboraba como buhonero en Catia. Pero los colectivos le cobraban a cada rato una especie de impuesto para permitirle vender allí”, relató la madre.
Era Técnico Superior en Informática, pero nunca llegó a ejercer porque los salarios eran muy bajos. Tenía tres hijos. La menor apenas tiene 7 años.
Cuenta la madre que a su hijo mayor lo mató la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la PNB en 2020, igualmente en La Vega. Dejó tres huérfanos. El joven, también TSU en Informática, había trabajado en varias empresas hasta que terminó como buhonero en Catia junto a su hermano. Con esta segunda muerte, a esta mujer ya no le quedan hijos vivos, pero sí 6 nietos huérfanos.
“Cuando uno va a un lugar y reclama, uno siempre va a ser el perdedor, porque es la palabra de uno contra la de ellos. Entonces ¿A dónde acude uno?”, dijo.
Relató que cuando denunció el primer asesinato ante el Ministerio Público, recibió amenazas.
“Uno por vivir en un barrio no es gente mala. Uno no está allí porque quiere. Uno estudia y empieza a trabajar en una empresa. Yo trabajaba en una empresa grande hasta que vino la pandemia, y aunque trabajé mucho nunca pude salir del barrio (…) ¿Qué vamos a esperar? ¿Que nos maten a todos los muchachos porque son del barrio?”, preguntó.
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Más dolor
Fuera de la morgue también estaban los familiares de una mujer de 33 años, quien murió en el mismo operativo policial. Había llegado días atrás de Bolivia, en donde vive con casi toda su familia.
Estaba de regreso por sus hijas, a quienes no se había podido llevar porque faltaba el permiso del padre. Su vida les cambiaría desde este 13 de julio, cuando pensaban irse del país. Pero, en lugar de eso, la muerte alcanzó a Yirbis Anaís Rangel Amundarain.
Lo peor, aseguran sus familiares, es que ahora la quieren vincular con la banda del El Koki, cuando ella ni siquiera vivía en el país.
Asimismo, resalta el caso de José Gegorio Vielma Clemente, mototaxista de 30 años. El viernes, 9 de julio, estaba en la plaza Madariaga, en El Paraíso. Sus familiares aseguran que de allí se lo llevó las FAES a las 9:00 am hasta el sector Las Quintas, de la Cota 905. Luego, apareció baleado.
Kender José Chirinos, de 18 años, murió en su casa, en Brisas del Paraíso, sector cercano a la Cota 905. Lo alcanzó una bala perdida el jueves, 8 de julio, a las 2:00 de la tarde.
Estaba en el balcón cuando el tiro lo impactó por el costado izquierdo y se le alojó en el pulmón. Era obrero. Se desangró en la sala. Su familia no pudo auxiliarlo porque la balacera no los dejó moverse.
La furgoneta de la morgue de Bello Monte lo buscó al día siguiente, pero cuatro días después, el cuerpo no había sido entregado a sus deudos.
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Una versión distinta
La versión policial sobre el hecho es distinta. Según esta, Chirinos, apodado “Bocachico”, cayó cuando los miembros de la banda de El Koki empezaron a disparar. El caso lo reseñan como un ajuste de cuentas.
El domingo murió un niño de 11 años, en el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño. Albert López resultó herido por una bala perdida el jueves 8 de julio, también durante la operación policial.
