El alcalde de la cuidad ha suspendido en dos oportunidades la medida que contempla el desalojo de los refugios
Decenas de migrantes pronto podrían verse obligados a abandonar los refugios de la ciudad de Chicago a partir del 16 de marzo, luego que a administración del alcalde Brandon Johnson sugirió esta semana que no tiene planes de posponer la aplicación de su política de estadía en refugios de 60 días.
Aunque a inicios de semana Johnson, evitó contestar si la ciudad de Chicago estaba preparada para posponer la aplicación de la ley nuevamente y afirmó: “Somos personas compasivas … en cuanto a si extenderemos o no los plazos, no hemos llegado a ese punto”.
Sin embargo, ante la insistencia de la prensa local, NBC 5 Investigates logró un pronunciamiento del director de comunicaciones, Ronnie Reese, quien confirmó que “la fecha del 16 de marzo sigue siendo válida para la primera ola de migrantes que sale del sistema de refugios de la ciudad”.
Lea también: “NO DEMONIZARÉ A LOS MIGRANTES”: Biden marca la diferencia con Trump en su discurso ante el Congreso de la Unión
No se sabe cuando migrantes deben abandonar los refugios
Se desconoce el total de migrantes que se verán afectados, pues están realizando los cálculos.
Cabe destacar que la administración Johnson pospuso dos veces la aplicación de la política de estadía de 60 días antes.
Una primera vez fue a fines de enero en medio del inclemente clima invernal y con la presión de la “oposición de 16 miembros del Concejo Municipal de Chicago, que habían redactado una carta pidiendo a la ciudad que la derogara la política”.
Según los cálculos del mes de enero, estimaron que la medida podría afectar hasta 5,617 personas que abandonaran los refugios en marzo y otras 2.000 más podrían seguirlo durante el mes de abril.
La administración Johnson anunció hace meses la política de límite de estadía de 60 días, que siguió el modelo de políticas similares en otros lugares como Nueva York.
Según las cifras oficiales los 28 refugios de Chicago albergaban a más de 14.000 migrantes de los cuales la mitad de ellos o 7.500 no son elegibles para recibir asistencia para el alquiler financiada por el estado. En la actualidad estiman que la cifra bajó a 11.000.
