El Observatorio Venezolano de Prisiones hizo una presentación de la situación de las cárceles en el país, ante la CIDH, donde expuso cifras sobre hambre, hacinamiento y otros elementos que conforman la crisis del sector
Hambre, hacinamiento, enfermedades y corrupción, son los flagelos que ponen en riesgo la vida de los reclusos en las cárceles del país, donde la vida es un negocio.
Así se resume la presentación que hizo el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Carolina Girón, directora de la OVP dijo que “Venezuela cuenta con 52 centros de reclusión. Los mismos están discriminados así: 35 de hombres, 1 cárcel de mujeres y 16 anexo femeninos. La capacidad instalada en los penales del país es para 20.438 personas y la población es de 32.200 personas. Esto se traduce en hacinamiento crítico de 158%, de esta población. Del total de presos, 2.500 son mujeres, de las cuales 1.900 viven en anexos femeninos, que no cuentan con las condiciones para la permanencia de mujeres”.
Girón presentó el informe el 18 de marzo, en el marco del período de sesiones 183 de la CIDH, en una audiencia de 30 minutos.
“Todo se paga en dólares. Esto viene ocurriendo desde hace rato, desde que la economía se dolarizó de facto”, apuntó. Esos pagos se realizan en efectivo o, incluso, por transferencias bancarias.
Pero, estos cobros no solo los hacen “lo pranes” o líderes negativos, como los llama la administración de Nicolás Maduro.
Reos y familiares también pagan a “funcionarios del ministerio de servicios penitenciarios. Es una corrupción total de custodios y funcionarios de la Guardia Nacional. Esto ocurre en todas las cárceles, haya ‘pranes’ o no”, advierte.
Citó como ejemplo que si el familiar de un preso desea llevar a cualquier cárcel, desde una fruta o un envase de agua potable adicional, “debe pagar”. Esta situación ha llevado a las familias a hacer lo que sea para conseguir dinero, como vender los electrodomésticos y enseres del hogar.
“Llegas a sus casas y están desmanteladas. Tienen que pagar para que su ser querido viva. Cobran por todo, hasta por respirar”, asevera Girón.
Y no contentos con esta situación de crisis, que Maduro niega, los reos reciben “clases” de formación “política y patria”.
Además de que el año pasado, bajo el supuesto plan de descongestionamiento, liberaron a cientos de detenidos bajo el régimen de “confianza tutelada”.
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Hambre y desnutrición
La desnutrición es uno de los principales problemas de las cárceles de Venezuela. El OVP denunció que entre 2017 y enero de 2022, 960 personas fallecieron. 412 de ellas murieron por enfermedades derivadas de la falta de alimentación.
Asimismo, en los calabozos policiales murieron 770 detenidos en ese mismo período, 261 por desnutrición. Entonces, 773 de los 1.730 presos fallecidos perecieron por desnutrición, alertó el Observatorio.
En este sentido, Marianela Herrera, directora del Observatorio Venezolano de Salud, explicó en la audiencia que “no existe personal especializado del Estado que diagnostique desnutrición severa en las cárceles”.
Expuso gráficas que muestran cómo se encuentran la mayoría de los presos. “Su palidez cutánea y de mucosas, mejillas hundidas, tórax delgado con costillas evidentes”. Además de “la alteración el color del cabello y edema por falta de proteína”, son muestras de esa realidad.
Destacó que, en consecuencia, “todos los presos en Venezuela tienen síntoma de desnutrición. Cerca de 60% de ellos presentan síntomas de desnutrición severa.
“Es un problema sistémico. Todo el sistema está mal. La alimentación del preso está basada en carbohidratos, en harinas. No hay ingesta de proteínas”, detalla.
Según las investigaciones del Observatorio, solo 12,7% de los reos venezolanos come tres veces al día. Mientras que 40,1% recibe alimentos una vez por día; 38%, dos veces; y 9,2% dice que nunca recibe comida.
La abogada del OVP recordó que el hambre ha llevado a los reclusos a vivir situaciones extremas como fue el caso de un interno que tuvo que comer ratas para saciar el hambre. Otro grupo de presos quienes mataron un perro para alimentarse.
Armas y corrupción
María de los Ángeles Rincón, abogada del OVP, expuso la existencia de armas de alto calibre dentro de las prisiones, las cuales permanece en poder los reclusos. Situación que, aunque la CIDH ha realizado sus recomendaciones, el Estado no ha tomado las medidas.
Karen Valera, otra abogada del OVP, denunció como la corrupción en los penales y retenes policiales ha escalado. “Cobran por el acceso a la comida y además la reventa de cada objeto o alimento que se introduce”, dijo.
“Además, se está cobrando por las visitas de niños, conyugales, por el acceso al agua. También por el derecho al estar en un recinto o a la convivencia a través de las llamadas causas”.
“Entre los agentes de corrupción hemos identificado personal del poder judicial, personal penitenciario y los propios presos”, detalló Valera.
