domingo, julio 3, 2022

CRIMINALIZAR E ILEGALIZAR a las ONG: lo que pretende Maduro con nueva Ley

ONG como Provea y Sinergia ven en la ley un peligro que pretende no solo un control políticos sobre ellas, sino algo peor: su extinción

Con el proyecto de Ley de Cooperación Internacional que pretende aprobar la Asamblea Nacional madurista, lo que pretenden es «criminalizar» e «ilegalizar» a las ONG.

La advertencia la hicieron activistas por los DD.HH y ONG como Provea y Control Ciudadano.

Tan solo el primer trimestre del año, el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 98 ataques e incidentes de seguridad contra defensores, organizaciones y asociaciones en la defensa de derechos humanos», destaca el portal de Provea.

Añade que «la criminalización y persecución contra las ONG venezolanas no es solo desde el espectro de funcionarios de alto nivel y cuerpos de seguridad».

Alerta que se trata de «un nuevo intento de control político y judicial a través del proyecto de ley».

Considera que esta es una «herramienta peligrosa en manos del Gobierno, a fin de ejercer un control político sobre las ONG y en último término, criminalizarlas o extinguirlas».

Lea también: ONG OTRA VEZ en peligro: AN chavista revive norma para controlarlas, desechada en el 2021

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Las ONG corren peligro de extinción. Foto referencial

Lo que debe ser

Para Deborah Van Berkel, educadora y presidente de Sinergia, la redacción de la ley debería ser «un proceso donde deben establecerse mecanismos de participación para plantear nuestras objeciones y propuestas alrededor de una ley como esta. Entendemos que debe ser un proceso que incluya todas las voces y actores del país».

«Nuestro compromiso es de hacer un seguimiento cercano y muy al tanto de todos los pasos que se están dando para también informar a la ciudadanía y a los actores relacionados con la cooperación», agregó, en entrevista publicada por Provea.

La experta aclara que todavía se trata de un borrador, por lo que reitera que las ONG van a estar atentas al proceso de elaboración de la norma´.

Sin embargo, según lo que se conoce de la ley, hay varios aspectos que generan alarma, como el que tienen que ver con los fonos que manejan las organizaciones.

«Tal como está planteado en este proyecto, evidentemente hay unas disposiciones que establecerían al Estado como el ente receptor, administrador y un control total de lo que sería la cooperación internacional», dijo.

«Esto limitaría evidentemente toda la cooperación que se establece en temas de solidaridad e intercambio en distintas áreas y materias entre distintos países y organizaciones pares a nivel del mundo, ya sea en cooperación técnica, temas educativos, culturales, en temas humanísticas o ciencias», sostuvo.

Alertó que «toda esa dinámica estaría ahora bajo control directo del Estado y de los recursos que pudieran estar en los intercambios que se generan en estas relaciones internacionales».

Lo que encierra el registro de ONG

Y sobre el registro de las ONG, recordó que «todas las asociaciones, organizaciones civiles y fundaciones que trabajan en el país tienen un documento constitutivo y un registro legal en el país. Por lo cual no son organizaciones fantasmas».

No obstante, añade que «en este proyecto se vuelve a incluir lo que ya se planteó en un proyecto anterior y no prosperó. Pero todos estos registros persiguen realmente tener un mayor control en la acción que realizan las organizaciones civiles en Venezuela. Esta tarea del registro es para aumentar el nivel de control hacia las organizaciones», lamentó.

El peligro

Van Berkel señala que «la tendencia en muchos países del mundo es la de generar controles a las organizaciones de sociedad civil, al trabajo que realizan».

Pero, advierte que «en América Latina, en los últimos tiempos, se han dado experiencias y situaciones muy graves como Nicaragua, donde muchas oenegés han sido ilegalizadas. Además de cerradas por parte del Estado y criminalizados sus dirigentes».

«Nosotros esperamos que en Venezuela no se dé una situación similar. Estamos en un contexto muy complicado en el país para limitar la acción de organizaciones que están haciendo un trabajo arduo en el campo humanitario», aseveró.

Obstáculos y fragmentaciones

Por su parte, Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, cree que «se intenta promover obstáculos para nuestro trabajo y al mismo tiempo generar divisiones y fragmentaciones entre movimientos de derechos humanos. Mientras el gobierno de Nicolás Maduro tiende puentes con algunos sectores, avanza con este tipo de medidas contra otros», señaló.

“Si la ley se aprueba, sin dudas es el fin de las ONG, ya que en el proyecto de ley hay artículos que, como pasa con la Ley del Odio, va a ser usada de forma arbitraria. Eso en primer lugar, pero también ese fondo común para las ONG que se busca crear, creemos que va a ser utilizado para redireccionar los fondos de manera discriminatoria”, alertó.

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