La medida se produce a raíz de los repetidos “actos de hostigamiento y amenazas realizados por parte de funcionarios del régimen”
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) decidió mantener las medidas de protección otorgadas hace 11 años para Humberto Prado, actual comisionado para la defensa de los DD.HH de la presidencia encargada y las extendió a su grupo familiar.
La resolución de la Corte se produce a raíz de los repetidos “actos de hostigamiento y amenazas realizados por parte de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro” y otros individuos.
Esta decisión de la Corte IDH se basa en una campaña de ataques y desprestigio en contra de Humberto Prado y su entorno que recrudeció a partir del año 2014.
“Entre 2015 y 2020 hubo más de 20 señalamientos contra Prado en medios públicos, sobre todo en el programa televisivo Con el Mazo Dando, conducido por Diosdado Cabello en VTV, además de acciones de hostigamiento en aeropuertos venezolanos, intervención y exposición pública de comunicaciones privadas, amenazas de invalidación de documentos de identificación”, señala el documento.
El alcance del hostigamiento constante también afectó a Carolina Girón, esposa del también Comisionado “quien ha sido víctima de vigilancia en su lugar de residencia y persecución. Además de ser acusada sin prueba alguna por Diosdado Cabello, el 26 de octubre de 2016, de tener una compañía en Panamá dedicada a la compraventa de material bélico”, destaca el escrito.
Es importante recordar que “estas medidas provisionales fueron otorgadas en 2009 y reiteradas en 2011, 2012 y 2015, en las que se exhorta a la dictadura venezolana a que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal del señor Humberto Prado” y poner fin a todo tipo de hostigamiento y a la campaña de desprestigio en contra de Prado y todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela”.
En torno a todo lo anterior, entre otras pruebas presentadas, la Corte IDH determinó que la situación de riesgo del defensor sigue vigente y “las medidas provisionales deben permanecer en vigencia en tanto la Corte considere que subsisten los requisitos básicos de extrema gravedad y urgencia y la prevención de un daño irreparable a los derechos de aquéllos protegidos por tales medidas”.
