En un informe emitido por la Comisión, se abordan “las causas del desplazamiento forzado, las graves violaciones de derechos humanos, el cierre de espacios cívicos”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe titulado: «Personas Migrantes y Refugiadas provenientes de Venezuela”, donde concluye que los países de la región deben tratar a los venezolanos como “refugiados”.
En el escrito se abordan “las causas del desplazamiento forzado, como las graves violaciones de derechos humanos, el cierre de espacios cívicos y el reducido acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.
Adicionalmente, documenta las “buenas prácticas y desafíos para la garantía de los derechos de las personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela”, en los países que han recibido a los migrantes.
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El balance
En el informe, la CIDH destaca que en los últimos años, “el país ha experimentado un vertiginoso deterioro de la situación de derechos humanos, lo que ha llevado a un flujo masivo y forzoso de personas”.
“Se estima que más de 7 millones de personas han abandonado Venezuela desde 2015. Este movimiento migratorio, que representa actualmente el más grande a nivel regional, y uno de los más grandes del mundo, responde a una estrategia de supervivencia para salvaguardar derechos como la vida, la integridad personal, la salud y la alimentación”, resalta.
El informe concluye que, “a efectos de otorgar una protección que responda a la naturaleza forzosa del desplazamiento, los países de la región deben reconocer estatus de refugiado a las personas que provienen de Venezuela”.
ello se debe a “una definición de persona refugiada aplicable, consignada en la Declaración de Cartagena que cobija a las personas que huyen de un territorio por riesgos a su vida, seguridad, libertad, o por la violación masiva de los derechos humanos”.
Lo que busca la CIDH
Con este informe la CIDH “busca iniciar una conversación sobre la necesidad de responder al desplazamiento forzoso de personas venezolanas desde un enfoque regional, coordinado, basado en la responsabilidad compartida y en el respeto y garantía de los derechos humanos”.
En consecuencia, “la CIDH se pone a disposición de los Estados parar brindar cooperación técnica en la implementación de las recomendaciones que se formulan en el documento”.
