La ONG Acceso a la justicia denunció que el CNE está diseñando las megaelecciones con las normas cuestionadas de las parlamentarias, como el caso de la elección en segundo grado de los representantes indígenas
Aunque el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) nació haciendo promesas de cambio, lo que se ha adelantado de las megaelecciones dice lo contrario.
La afirmación la hizo la ONG, Acceso a la Justicia, que considera que los primeros pasos hacia el proceso “van en la dirección opuesta. Son una copia de las decisiones que viciaron las elecciones parlamentarias de diciembre pasado”.
En primer lugar, cuestiona las normas especiales referidas al sistema electoral para ese proceso. “Al estar basadas en la cuestionable sentencia 68 del 5 de junio de 2020 del TSJ, violan lo establecido en la Constitución. En el fallo la Sala autorizó al árbitro electoral a legislar sobre la manera para elegir a los diputados. Esto se reserva al Parlamento”, dijo en nota de prensa.
Sostiene la ONG que esta “situación compromete la transparencia y confiablidad del proceso convocado. Por ende, atenta contra el cabal ejercicio de los derechos políticos, tal como ocurrió en las parlamentarias de diciembre de 2020”.
Acceso a la Justicia advierte de al menos tres irregularidades que configuran “un notable retroceso del ejercicio de los derechos al sufragio y a la participación política”.
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La adjudicación de los escaños
La ONG critica la forma como el CNE se amparó en la sentencia para modificar la fórmula de distribución de cargos a elegir. El Consejo determinó que 60% de los legisladores regionales y ediles se escogerán por el voto lista y el 40% nominalmente”.
Para la organización, el CNE “invadió la función legislativa. Si lo anterior no fuera suficiente, el cambio atenta contra la personalización del sufragio y la representación proporcional”.
Resalta que se “trata de una usurpación por parte del árbitro comicial hacia las competencias del Poder Legislativo”.
Los pueblos indígenas
Asimismo, denuncia que el nuevo CNE “no ha reivindicado los derechos de la comunidad indígena en las próximas elecciones”.
Refiere que el CNE aprobó una norma especial para regular la elección de la representación indígena en estas elecciones. “Es una suerte de reedición del texto normativo que rigió en las parlamentarias celebradas en 2020”.
El instrumento, de veintiún artículos, establece un procedimiento especial para la elección de los representantes indígenas en consejos legislativos y municipales. “Diseña un peculiar y complejo proceso que no garantiza la participación política del pueblo indígena. Además que no contiene las notas características del sufragio democrático”.
Alerta que “el texto elimina el sufragio directo. Consagra que los representantes indígenas de los estados y municipios serán elegidos por unas asambleas comunitarias. Esto es una franca infracción del artículo 63 de la Constitución que consagra el principio de elección directa”.
Aumento de la discrecionalidad del CNE
La sentencia del TSJ, junto a la derogación de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales “parece haber dado al CNE luz verde para tomar decisiones a su saber y entender”.
La ONG advierte que “la esfera de competencias del árbitro electoral actualmente se encuentra desprovista de un marco normativo que delimite su ejercicio. Sin duda, esta situación representa una amenaza de violación para los derechos constitucionales a la participación política y al sufragio, previstos en los artículos 62 y 63 respectivamente, toda vez que pueden verse significativamente afectados”.
