“No estamos cerrando las puertas a la población extranjera”, estamos regulando el acceso, aclara el presidente de ese país, Rodrigo Chaves
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, firmó este miércoles un decreto que modifica el sistema de otorgamiento de refugio con el fin de agilizarlo tras su “uso abusivo” por parte de extranjeros.
“No estamos cerrando las puertas a la población extranjera. Lo que estamos diciendo es que en Costa Rica las solicitudes de refugio (…) crecieron nada menos y nada más que 6.000% en 10 años”, señaló el mandatario en rueda de prensa.
Desde 2018 Costa Rica ha recibido 222.056 solicitudes de refugio y se ha detectado que entre un 80 y 90% de ellas “no califican”, señaló Chaves de acuerdo a datos del departamento de Migraciones.
“No son solicitudes de refugio legítimas todas. Es que es muy fácil porque al solicitar refugio usted obtiene un permiso de trabajo inmediatamente”, explicó el presidente.
El nuevo decreto firmado cambia precisamente ese privilegio y ya no otorga permiso de trabajo inmediato al realizar la solicitud, sino que se deberá cumplir con el procedimiento interno posterior que se establezca, aún por determinar, recoge la AFP.
“Nosotros somos un país que ha acogido tradicionalmente a las personas que buscan refugio y protección ya que su integridad está comprometida en el país de origen. Eso no va a cambiar”, puntualizó el presidente costarricense.
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¿Y los venezolanos qué?
Además de esta medida para desincentivar el intento de obtener el permiso de trabajo por medio del refugio, Chaves firmó otro decreto que establece una categoría especial temporal para ciudadanos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que suponen el 96% de las solicitudes totales de refugio en Costa Rica.
En este caso las personas que se acojan a este nuevo sistema podrán trabajar por dos años “siempre y cuando”, dijo el presidente, renuncien a su condición de refugiado y se inscriban en la Seguridad Social.
Además tendrán que demostrar que no tienen antecedentes penales en sus países de origen, que acrediten haber realizado la solicitud entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de septiembre de 2022 y no hayan visitado su país entre esas fechas.
“Ellos lo que están es trabajando y no están siendo refugiados”, afirmó Chaves.
Con información de AFP
