La CPI es un tribunal que tiene 19 años de fundado. La Corte investiga y, donde se justifique, enjuicia a individuos acusados de los más graves crímenes. También ayuda a prevenir que esos crímenes ocurran de nuevo
Esta semana, el foco de atención internacional recae sobre la Corte Penal Internacional (CPI). Esto, debido a la expectativa de una posible decisión acerca de si abre una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad contra funcionarios de Nicolás Maduro.
La expectativa surge tras el anuncio de la propia fiscal saliente de la CPI, Fatou Bensouda, quien este 15 de junio abandona el cargo, para dejarlo en manos de Karim Khan.
¿Cómo opera esa instancia? ¿Cuáles son sus roles y su alcance? ¿Deben respetar su opinión las partes involucradas o interesadas?
Cómo nace la CPI
La Corte Penal Internacional puede definirse como un tribunal “de última instancia”. Esto para el enjuiciamiento de responsables por genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y agresión.
Sus orígenes se remontan a 1992, cuando la Asamblea General de la ONU priorizó una jurisdicción penal general. El proyecto finalmente vio luz entre 1994 y 1995.
Pero es en 1998 cuando se fundó la CPI, gracias al llamado Estatuto de Roma, con 120 votos a favor, siete en contra (Estados Unidos, Israel, China, Irak, Libia, Catar y Yemen) y 21 abstenciones. Después de cuatro años de ratificaciones, la Corte Penal entró en vigor en 2002.
La sede de la corte es La Haya, en los Países Bajos. Es una institución vinculada a las Naciones Unidas, pero no pertenece a ella ni depende de sus “Estados partes”.
Así lo explicó Lisset Romay, especialista en Derecho Internacional Público y profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad del Zulia, en entrevista con la Voz de América.
¿Qué hace la corte?
La Corte Penal Internacional “investiga y, donde se justifique, enjuicia a individuos acusados de los más graves crímenes”. También “ayuda a prevenir que esos crímenes ocurran de nuevo”. Además participa en una “lucha global para poner fin a la impunidad”. Así lo declara la institución en su portal web.
Además, busca “complementar, no reemplazar, a las cortes nacionales”. Sus postulados son que “los juicios son justos”, sus fiscales son independientes y los derechos de los acusados son garantizados.
¿Cuál es su ámbito de investigación?
la jurisdicción de la CPI se circunscribe a cuatro delitos: Genocidio, caracterizado por el intento específico de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso matando a sus miembros.
Además están los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Son “serias violaciones cometidas como parte de un ataque a larga escala contra poblaciones civiles”. Y finalmente los crímenes de agresión.
Los crímenes de guerra incluyen el uso de niños soldado, el asesinato o tortura de civiles o prisioneros en un contexto de conflicto armado. Desde 2018 el uso de la fuerza armada de un Estado contra la soberanía, integridad o independencia de otra nación. también es un crimen de este tupo.
Este último caso puede ser notificado por el Consejo de Seguridad, investigado por iniciativa de los fiscales de la Corte Penal o por solicitud de uno de sus Estados Partes.
Jurisdicción y cooperación
La Corte Penal Internacional “podría ejercer su jurisdicción” en una situación donde genocidios, crímenes de lesa humanidad o de guerra se cometieron a partir del primero de julio de 2002, según sus postulados.
Otro punto clave para que la CPI investigue y lleve a juicio a presuntos criminales es que estos individuos hayan nacido en Estados Partes que acepten la jurisdicción. También que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas haya referido el caso a los fiscales de la Corte.
Como no cuenta con una fuerza policial, la CPI depende de la cooperación de países en todo el mundo. Lo hace para materializar arrestos y transferir a las personas aprehendidas a su centro de detención. Igualmente para congelar bienes de los sospechosos.
“También, se concede al Consejo de Seguridad la facultad de que, mediante resolución, se le pida a la Corte Penal Internacional que suspenda por un plazo máximo de 12 meses una investigación o enjuiciamiento. Ya ha sido utilizada (esa opción) de manera abusiva”, apunta la experta.
Sus integrantes
La presidencia de la CPI la eligen sus 18 jueces. El polaco Piotr Hofmański la lidera desde marzo, en compañía de la peruana Luz del Carmen Ibáñez, en la primera vicepresidencia. El congolés Antoine Kesia-Mbe Mindua, icupa la segunda vicepresidencia.
Los 18 magistrados de sus divisiones judiciales son elegidos por la Asamblea de los Estados Partes. Lo hacen por sus calificaciones, imparcialidad e integridad.
Sirven durante nueve años, un período que no es renovable. Entre sus competencias, destacan la garantía de juicios justos, el ordenamiento de arrestos y citaciones ante la Corte. Igualmente, las autorizaciones de participación de víctimas y el otorgamiento de protección a testigos de sus casos.
La Fiscalía
La Corte Penal Internacional tiene otros dos órganos clave para su funcionamiento: la Oficina del Fiscal, que examina las situaciones donde crímenes graves pueden haber sido cometidos y de adelantar investigaciones y acusaciones contra los individuos presuntamente responsables; y su Secretaría, que brinda servicios de apoyo judicial y administrativo, como llevar registro de expedientes, brindar asesoría legal y facilitar las traducciones de la Corte.
El personal de la CPI tiene al menos 900 miembros, oriundos de 100 países, que manejan hasta seis idiomas, y operan desde la sede en La Haya, Naciones Unidas en Nueva York y otras siete naciones.
Tiene un presupuesto de 180.855.241,08 dólares, según la detallada información en su web.
Los casos
Durante estos 19 años de funcionamiento, la Corte Penal Internacional ha administrado justicia en 30 casos. Algunos incluyeron acusaciones contra más de un sospechoso.
Sus jueces han emitido 35 órdenes de arresto y, gracias a la cooperación de los Estados que respetan sus decisiones, 17 acusados han sido detenidos en su centro para esos fines.
Trece personas permanecen prófugas y sus fiscales han abandonado cargos contra otras tres debido a sus fallecimientos.
También, han enviado nueve citaciones a aparecer ante la Corte Penal y han declarado culpables a 10 acusados y decidido la absolución de cuatro.
Entre sus casos más notorios, se encuentra el del exgobernante de Sudán durante 30 años Omar Al Bashir, prófugo desde 2010.
Los fiscales de la Corte lo acusan de 10 delitos de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.
“Hasta que sea arrestado y transferido al asiento de la corte en La Haya, el caso permanecerá en la fase de pre-juicio. La CPE no enjuicia a individuos a menos que estén presentes en su sala”, advierte la institución.
La profesora venezolana Romay subraya que la CPI acumula una historia de “pocos presos” a su disposición y “muchas órdenes de arresto incumplidas”.
Procesos “diferentes”
Los procesos legales de la Corte Penal Internacional “podrían funcionar diferentemente de las jurisdicciones nacionales”, explica la propia institución.
Después que los crímenes ocurren, los casos que conoce pasan por una serie de fases: primero una evaluación preliminar, luego las investigaciones, entonces la etapa de prejuicio y finalmente el juicio.
Posteriormente, las apelaciones y el cumplimiento de las sentencias que se deriven de los fallos de los jueces.
Las evaluaciones preliminares, la etapa donde se encuentra la acusación contra Nicolás Maduro y otros funcionarios de su gobierno en Venezuela, supone la determinación de la Oficina de la Fiscalía de “si existe suficiente evidencia de crímenes de suficiente gravedad en la jurisdicción de la Corte Penal”.
También, en esa fase preliminar se precisa si existen procedimientos nacionales “genuinos” sobre el caso en cuestión, y si abrir una investigación “servirá a los intereses de la justicia y de las víctimas”, como remarca en su página web.
Tras reunir pruebas e identificar a sospechosos, la etapa de investigaciones incluye la potestad de la Fiscalía de emitir órdenes de arresto (la CPI confía en que los Estados concreten esas detenciones y transfieran a los acusados ante ella) o citaciones a declarar ante ella.
