El Tiempo tuvo acceso a una resolución en la que le entrega la mayor responsabilidad de Monómeros al gobierno de Colombia por la situación crítica de la empresa
A finales de año, la dirección de Monómeros Colombo Venezolanos recibió una notificación de fondo sobre su futuro. La Superintendencia de Sociedades no acogió ninguno de sus argumentos y confirmó la medida de control anunciada en septiembre del año pasado.
La gigante de los fertilizantes, que en el 2020 vendió 792.000 millones de pesos, será ahora supervisada por una sociedad impuesta por el gobierno de Colombia; es decir, una figura de control.
Aunque esta no es una medida de coadministración, expropiación ni toma de posesión; sí se trata de una acción que busca que se tomen correctivos para subsanar una situación crítica de orden contable, económica, jurídica o administrativa.
El portal de noticias, El Tiempo, conoció la resolución con la Supersociedades no aprueba la petición de Monómeros, debido a la situación crítica que atraviesa.
El Tiempo también adelantó que varios funcionarios de esta empresa son investigados por las autoridades; como es el caso de su actual gerente, Guillermo Rodríguez Lamprea, a quien acusan de cocinar para beneficio propio jugosos negocios antes de ser gerente y ya en el cargo. De hecho, se investigan contratos que han dejado millonarias pérdidas.
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Argumentos
La Supersociedades resalta en su decisión las implicaciones que ha tenido sobre la sociedad la inclusión en la lista OFAC; que aunque tuvieron una licencia o excepción, no ha modificado la situación financiera. Además, el bloqueo cambiario impuesto por el sistema financiero dentro de las sanciones impuestas a la administración de Nicolás Maduro.
Esto no solo generó un alto sobrecosto en la operación “sino también, según sus propias proyecciones; dificultades en su liquidez y flujo de caja”, se lee de la resolución.
El Tiempo también reveló que la infraestructura de la empresa tiene serias afectaciones. Alegó que un informe técnico reservado da cuenta del desprendimiento y degradación del concreto; grietas y un proceso de corrosión que afecta el acero de refuerzo de forma generalizada en las instalaciones.
Por otro lado, en la Resolución que acaba de ser confirmada, se encontró un elevado número de demandas laborales. “De una planta de 555 empleados, se informó la existencia de 218 demandas laborales (…) lo que constituye un aspecto de relevancia que amerita una supervisión mayor”.
