Duque aclara que magnicidio de presidente Moïse no se planeó en Colombia; mientras canciller sospecha que mercenarios pudieron ser torturados
Aunque no hay avances en investigaciones sobre quién ideó y ejecutó el plan para asesinar a Jovenel Moïse, lo cierto es que hay 18 colombianos involucrados quienes han sido sometidos posiblemente a malos tratos.
Se encuentran detenidos en Puerto Príncipe en condiciones que tampoco son claras en temas de salud, integridad física y asistencia jurídica.
Colombia insiste en que sus connacionales deben recibir asistencia jurídica y consular permanente.
Por eso la canciller Marta Lucia Ramírez instó al consul en Haití a que sean visitados al menos dos veces a la semana.
Y con ello se “permita contar y documentar los posibles casos de tratos cueles en su contra”.
Tal y como se lee en la carta que Ramírez envió este lunes a Julio César Santa, consul honorario de Colombia en Haití.
Asimismo le exige que mantenga comunicación permanente con los familiares de los colombianos detenidos en Puerto Príncipe.
También le pide que cada tres días presente informe de seguimiento.
De esta manera el gobierno colombiano insiste en que hay preocupación por la suerte de los 18 mercenarios colombianos por sospechas de malos tratos y tortura.
Además de la situación de salud y alimentación que puedan estar afrontando.
La carta de Ramírez responde a la aclaración que este lunes también hizo Haití en el sentido de que no hay violaciones de DD.HH. contra los colombianos.
Al respecto el embajador de Haití en Colombia, Jean Mary Exil, aseguró que a los exmilitares colombianos “les respetamos DDHH, no hay irregularidades”.
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Duque niega plan desde Colombia
Más temprano el propio presidente Iván Duque se pronunció al respecto.
Aseguró en entrevista con el programa Radar del noticiero de Panamá TVN, que el lamentable hecho no se planeó en Colombia.
“Claramente este no es un hecho fraguado en Colombia, sino que aquí hay intereses políticos de mucho más alto pelambre”, dijo el mandatario.
Y agregó que “aquí hay una gran conspiración donde hay personas que pretendían beneficiarse de ese crimen”.
De acuerdo con el Duque, los exmilitares fueron contactados por una empresa con sede en EE.UU. Además, resaltó que ninguno tenía antecedentes penales.
“Los tiquetes fueron comprados desde EE.UU. (…) y fueron llevados con la supuesta idea de hacer protección en seguridad”, sostuvo el Presidente.
Respecto a la función que llevaron a cabo los excombatientes, el presidente Duque señaló que:
“Una vez allá se les cambia el plan y se les dice que van a trabajar en la captura del presidente de Haití con supuestas autoridades extranjeras y cuando viene el momento del hecho un grupo reducido es el que está enterado del asesinato”.
Las gestiones de Colombia
El pasado 26 de julio, llegó a Puerto Príncipe la Comisión Humanitaria de la Cancillería colombiana y la Defensoría del Pueblo para comprobar las condiciones en las que están los 18 mercenarios capturados.
En la visita, se comprobó que los detenidos estaban siendo alimentados y, además, se conoció que sus familiares les enviaron mensajes y les hicieron llegar kits de aseo.
“Durante la visita pudimos hablar con los 18 colombianos que fueron pasando en grupos de dos personas. Analizamos su salud física y mental, revisamos las condiciones de detención, aseguró Luis Andrés Fajardo, vicedefensor del Pueblo.
El funcionario dijo también que se les indagó sobre algunos elementos clave del proceso que actualmente se lleva contra ellos.
El reporte especificó que los mercenarios se reunieron por casi cuatro horas con Fajardo, un abogado de la Defensoría Pública y el jefe de colombianos en el extranjero, quienes conforman la Comisión.
Tras la reunión, la canciller Marta Lucía Ramírez, indicó que los colombianos “no han recibido ninguna clase de asistencia jurídica, al no tener asignados defensores de oficio que protejan el derecho de la defensa y se respeten las garantías judiciales y del debido proceso”.
También, pidió que se garantice la atención médica adecuada a los que resultaron heridos porque de lo contrario “es violatorio del artículo 5 de la citada Convención Americana que exige que se respete la integridad física, psíquica y moral de las personas detenidas”.
