Masacres, enfrentamientos, amenazas vuelven a atemorizar a Colombia después de 50 años de un conflicto armado que desangró al país y que no termina
El 2021 ha iniciado con un penoso título en Colombia: el más violento desde la firma del Acuerdo de Paz según la JEP.
Y es que precisamente la Jurisdicción Especial para la Paz entregó el informe de monitoreo de riesgos de seguridad.
El documento revela que, entre el 1 y el 24 de enero de este año, se han presentado 33 enfrentamientos, amenazas y masacres, 18 hechos más que en el mismo periodo en 2020.
Las amenazas de muerte a líderes sociales, los enfrentamientos armados entre fuerza pública y otras estructuras criminales y las masacres son los tres hechos violentos más frecuentes.
El Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP detalló que este comienzo de año ha sido el más violento desde la firma del Acuerdo de Paz.
Es así como cada cinco días está siendo asesinado un excombatiente de las Farc y cada 41 horas, un líder social.
Los resultados de este monitoreo son preocupantes:
- 14 enfrentamientos armados entre estructuras criminales y la Fuerza Pública
- 13 eventos de amenazas de muertes a líderes sociales
- 6 masacres
- 5 asesinatos de excombatientes de las Farc-EP
- 14 homicidios de líderes sociales
- 3 hostigamientos
- 7 enfrentamientos armados entre grupos ilegales
Comparativamente en este mismo periodo en 2020, se habían presentado nueve enfrentamientos armados, cuatro amenazas a líderes sociales y cinco masacres.
Mientras que en 2019, no se había presentado ninguna masacre, se registraron seis amenazas y seis enfrentamientos.
Los años menos violentos desde la firma del Acuerdo de Paz fueron 2017 y 2018, con seis y siete hechos respectivamente.
“entre el 1 y el 24 de enero de este año, se han presentado 33 enfrentamientos, amenazas y masacres”
JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ
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Amenazas a líderes sociales
Las muertes a estos dirigentes no cesan.
Las más recientes intimidaciones recaen contra habitantes de El Salado, municipio de Carmen de Bolívar (Bolívar), por supuestos integrantes de las Águilas Negras.
Lo que evidencia un recrudecimiento del conflicto armado en los Montes de María, una región en Colombia donde en 2000 se presentó la masacres de 60 campesinos.
Al respecto la Defensoría del Pueblo, desde 2018, ha alertado sobre el interés de este grupo delictivo por controlar este territorio estratégico para tráfico de drogas, armas y personas.
Para el defensor del Pueblo Carlos Camargo, es importante tener claras las cifras de asesinatos a líderes sociales.
“Atender y direccionar las denuncias hechas a través de nuestros funcionarios para remitir información a la Fiscalía y se haga la correspondiente y efectiva verificación de cada una de las cifras y personas afectadas”, dijo.
Por su parte el Fiscal General, Francisco Barbosa, ha informado de la intensificación de las labores de la policía judicial para recaudar evidencias y material probatorio sobre las afectaciones a defensores de derechos humanos y líderes.
Perfil del asesinato de líderes
Pero el tema del asesinato de líderes sociales en Colombia va más allá de la labor institucional.
Se trata de un fenómeno que se reactivó, principalmente por el incumplimiento de los Acuerdos de paz con las Farc.
Tal como lo explica el ex analista de la Revista Semana y politólogo Ariel Ávila.
“Es una de las razones por las que la seguridad se ha deteriorado en los últimos meses”, dice
Y también asegura que hay judicializar a los determinadores; mientras esto no pase, la masacre no se detendrá”, asegura.
Algo que se incrementa en las regiones donde muchos perciben una gran impunidad y se sienten en libertad de mandar a asesinar.
Asesinato, principalmente de integrantes de juntas de acción comunal.
Quienes se oponen a economías ilegales, de reclamantes de tierra y verdad o de personas que participan en política.
Un perfil de víctimas que se convierten en personas “incomodas” para quienes desarrollan delitos principalmente en las regiones de Colombia.
“El 30 por ciento de los homicidios podrían estar concentrados en el ELN, disidencias, Clan del Golfo, Rastrojos, etcétera. El otro 70 por ciento son sicarios”, aseguró Ávila en entrevista para Semana.
Las masacres regresaron
La más reciente masacre se registró en Colombia en el municipio de Buga, allí cinco jóvenes fueron acribillados.
Bajo un modus operandi común: la incursión de un grupo armado que irrumpe donde están reunidos y les disparan.
El hecho se suma a las seis masacres, 15 líderes sociales asesinados y cinco excombatientes asesinados en lo que va de 2021.
Organizaciones de Derechos Humanos como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -Indepaz-, piden reconocer que la violencia no se ha ido.
Para su director, Camilo González, esta situación es escandalosas y para poderla enfrentar hay que reconocer que algo falla.
“Se tienen muchos diagnósticos, muchas evidencias y muchas acciones, pero la situación sigue agravándose, por lo tanto no puede haber un negacionismo”, indicó González.
Además, describió que hay una sistematicidad en las muertes que hay en Colombia.
“La existencia de patrones sistemáticos, una herencia que tenemos de décadas de guerra que nos lleva a que en territorios de Colombia tengamos una disposición a matar que pesa de manera extraordinaria”.
Soluciones a la “guerra”
Se hace necesario un abordaje interinstitucional proponen ONG´s colombianas; además de la transformación de las condiciones de vida de los habitantes que viven en las zonas de conflicto.
“Tiene que haber un gran llamado a la conciencia nacional con la implementación del acuerdo de paz, con políticas frente a la emergencia social en medio de la pandemia, con planes integrales en los territorios, tomando como aliados a los pobladores, con una nueva política en el tema de drogas”, manifestó el director de Indepaz.
Finalmente, desde el Instituto también se pidió tener en cuenta los análisis que hacen sobre el país organizaciones como las Naciones Unidas o la Human Rights Watch.
Justamente el presidente de Consejo de Seguridad de la ONU, Tarek Ladeb hizo un llamado a Colombia el pasado 28 de enero para cumplir con las responsabilidades hacia las víctimas del conflicto armado.
“El Consejo de Seguridad está comprometido con considerar prontamente la solicitud del Gobierno colombiano de ampliar el tiempo de la Misión de Verificación para que apoye a la Jurisdicción Especial para la Paz en la verificación del cumplimiento de sus sentencias.
Esto a propósito de la imputación por parte de la JEP del delito de secuestro contra los cabecillas de las FARC-EP.
El llamado del organismo mundial también pidió atender las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo en Colombia parareforzar la presencia estatal en la ruralidad.
Así como fortalecer los esquemas de protección a líderes sociales, excombatientes y defensores de derechos humanos.
“La violencia en curso en varios departamentos se está produciendo en el contexto de la presencia limitada del Estado, las economías ilícitas y la presencia de grupos armados ilegales”, concluyó Ladeb.
