Congreso archiva acuerdo ambiental para defensa de los ecologistas. Colombia es el país más peligroso para los activistas medioambientales
Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe para la defensa de los ecologistas, quedó en suspenso en Colombia.
Luego de que el Congreso lo archivara por exceder los tiempos para su ratificación.
Lo preocupante de que Colombia no ratificara el Acuerdo – que quedó archivado- es que el país es considerado el más peligroso del mundo para los activistas medioambientales.
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Sobre el Acuerdo
Se trata del primer pacto en establecer disposiciones específicas para proteger los derechos humanos de los ambientalistas.
En América Latina el 60% de estos defensores son asesinados según estadísticas.
Colombia lidera el ranking con un total de 64 homicidios de activistas medioambientales en 2019, según el más reciente informe de la ONG Global Witness.
En suspenso
De esta manera se queda sin este importante Acuerdo que a pesar de ser firmado con “urgencia” en 2019 por Iván Duque, su bancada en el Congreso lo denegó.
Esto al no discutir el tema antes de este 20 de junio cuando terminaron las sesiones del Congreso y fecha límite para aprobar los proyectos de ley presentados en el año.
“El presidente Iván Duque, su Gobierno y sus bancadas en el Congreso de la República obstruyeron objetivamente la ratificación de este importante acuerdo”, dijo el senador de izquierda Iván Cepeda, que aseguró que se quejará ante la ONU.
El acuerdo retorna a manos de Duque, el único avalado para presentar iniciativas legislativas que ratifiquen compromisos internacionales, de acuerdo con analistas consultados por AFP.
“La ratificación del #AcuerdoDeEscazú es una prioridad para el Gobierno del presidente @ivanDuque (…) Por eso, volveremos a presentarlo para que haga curso en el Congreso en la nueva legislatura”, indicó este lunes en Twitter el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa.
Quiénes lo han adoptado
El acuerdo se adoptó en 2018 en Costa Rica y entró en vigor en abril de 2021 con la ratificación de 12 naciones que incluyen Argentina, Bolivia, Ecuador, México y Uruguay, entre otras.
Países como Chile, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bahamas y Surinam no se han sumado a este acuerdo.
Indígenas, campesinos y otros activistas de la región han denunciado amenazas.
Ellos denuncian amenazas por enfrentarse a intereses de mineras, madereras, agronegocios, empresas eólicas, hidroeléctricas o gasoductos.
El convenio busca proteger el medioambiente y la salud de las personas, principalmente de los pueblos originarios.
Además promueve la participación pública, el acceso a la información y la justicia en asuntos ambientales.
Con información de AFP
