La dirigente chavista Lisbeth Soto se encontraba con su hijo menor de edad, cuando un vehículo Arauca azul se detuvo y los secuestró. Tiempo después apareció la mujer presa en el comando 121 de la GNB en Palavecino, estado Lara y alegan que es por vender cupos para la gasolina
Por denunciar las mafias de la gasolina en Barquisimeto, estado Lara, funcionarios de la administración de Nicolás Maduro detuvieron a la dirigente chavista Lisbeth Soto.
La dirigente es denunciada y capturada por miembros del colectivo popular Fabricio Ojeda el pasado viernes 18 de junio.
Soto hizo pública las irregularidades en la estación San Luis, ubicada cerca del centro Sambil de esa entidad.
Informó la red internacional La Izquierda Diario, a la chavista Lisbeth Soto, quien estaba con su hijo menor de edad, sujetos la secuestraron en un vehículo Arauca, color azul y sin placas.
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La mujer apareció tiempo después en el comando 121 de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en el sector La Montañita, municipio Palavecino.
Se conoció, además, que durante el secuestro los sujetos aun no identificados, amenazaron al hijo menor de edad de la mujer y lo dejaron en el sitio sin ningún tipo de protección.
“Nunca dijeron el motivo de la detención, nunca dijeron hacia dónde la iban a trasladar; todas estas características hicieron suponer que se trataba de un secuestro ejecutado por las mafias gasolineras, al parecer con grandes conexiones en la GNB”, asegura el medio.
Familiares denuncian que los militares dijeron que Soto está detenida supuestamente por vender cupos para repostar gasolina en complicidad con otras dos personas.
Por esta situación voceros de la oposición y el propio chavismo se manifestaron.
Entre ellos, Ramón Guillermo Aveledo, quien considera grave la situación contra la dirigente chavista y pide se le respeten todos sus derechos.
Según El Nacional, el Comité Regional del Partido Comunista de Venezuela, seccional Lara, rechazó la detención de Soto.
“Nos solidarizamos con la compañera. Le violaron sus derechos humanos por la detención arbitraria y la violación del debido proceso y el derecho a la defensa”, dijo la organización.
