La ONG pide al Alto Comisionado de la ONU “una posición activa en el monitoreo de las violaciones de los derechos humanos” en Venezuela
A través de un comunicado, la ONG Cofavic, denunció la persistencia de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela y lo hizo a propósito de la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk.
“Esta información es resultado de nuestra permanente investigación, documentación y acompañamiento directo a víctimas de violaciones de derechos humanos, labor integral que hemos desarrollado en Venezuela durante más de tres décadas”, resalta el escrito.
“Desde nuestra perspectiva, consideramos necesario exponer la sistematicidad que han adoptado estas vulneraciones en nuestro país, lo cual evidencia la gravedad de esta situación en el contexto nacional”, agrega.
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Violencia estatal
Denuncia que “desde 2012 se ha desarrollado en Venezuela un patrón caracterizado por el aumento en los índices de violencia estatal y en los referidos a la impunidad. De manera particular, esto ha venido sucediendo mediante el despliegue de operativos de seguridad ciudadana, practicados especialmente en zonas urbanas muy vulnerables, durante los cuales se han cometido gravísimas violaciones de derechos humanos”.
Resalta que “a partir de ese año y a lo largo de la siguiente década, en COFAVIC hemos registrado una data independiente sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales, las cuales alcanzan los 14.296 casos a escala nacional (2012-2022), es decir, un promedio superior a las 1400 muertes anuales causadas por funcionarios de seguridad del Estado”.
Cifras oficiales
La ONG cita cifras oficiales del Ministerio Público que “informó a la ONU que entre 2017 y 2021 inició 4.890 investigaciones relativas a ejecuciones extrajudiciales y añadió que hubo sentencias condenatorias solo en 16% de los casos. Si se considera que este dato procede de una fuente oficial, queda evidenciada la gravedad de este fenómeno violatorio del derecho a la vida y, sobre todo, el margen de impunidad que prevalece”, resalta.
Añade que “tanto las organizaciones de derechos humanos locales como diferentes instancias y organismos internacionales han denunciado durante los últimos años la letalidad que caracteriza las operaciones llevadas a cabo por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y han solicitado públicamente su disolución”.
Destaca que a pesar de la supuesta reestructuración de ese cuerpo policial (…) numerosos testimonios de víctimas aseguran que esta unidad continúa funcionando y ejecutando operativos de seguridad ciudadana”.
Tanto que Cofavic reporta que “entre los meses de abril y septiembre de 2022 y por orden del Ejecutivo se puso en práctica una nueva política de seguridad ciudadana denominada “Trueno” , también caracterizada por la participación de fuerzas mixtas de seguridad”.
Añade que “su objetivo principal consiste en ‘combatir a los grupos terroristas’. Durante estos operativos han sido asesinadas, hasta los momentos, 33 personas y detenidas más de 130. Se ha identificado la participación de 1500 funcionarios en estos operativos, realizados en los sectores más vulnerables económicamente y durante los cuales más de 100 personas han sido detenidas”.
La ONG dice que, “lamentablemente, esto solo demuestra la continuidad del uso desproporcionado de la fuerza durante los operativos de seguridad ciudadana, denominados de forma distinta en la década reciente (…), cuya cantidad de víctimas afectó a numerosas familias de menores recursos”.
La petición
Ante estos hechos, la organización pidió al alto comisionado mantener y profundizar “una posición activa en el monitoreo de las violaciones de los derechos humanos y en el señalamiento público de las obligaciones del Estado en la materia”.
También solicitó a Acnudh fortalecer las “labores de su equipo en el terreno, particularmente mediante el robustecimiento de sus funciones de observación”, además de profundizar la relación con las ONG venezolanas, con las que espera que se “amplíe la cooperación técnica”.
