Se trata del caso San Miguel Sosa y Otras Vs. Venezuela. El mismo se remonta al 2004, cuando despidieron a Rocío San Miguel Sosa, Magally Chang Girón y Thais Coromoto Peña del Consejo Nacional de Fronteras
La Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó al Estado venezolano que cumplan con la sentencia dictada en fecha 8 de febrero de 2018, relacionada con la llamada lista Tascón.
La sentencia no ha sido honrada por Nicolás Maduro Moros, por tercer año consecutivo, pese a que el plazo se ha cumplido, denunció la ONG, Control Ciudadano.
Se trata del caso San Miguel Sosa y Otras Vs. Venezuela. El mismo se remonta al 2004, cuando despidieron a Rocío San Miguel Sosa, Magally Chang Girón y Thais Coromoto Peña del Consejo Nacional de Fronteras.
El despido lo ejecutó José Vicente Rangel, tras publicarse la “Lista Tascón”, después de haber solicitado el referendo revocatorio del mandato de Hugo Chávez Frías. Para ese momento, Rangel ejercía como presidente del organismo, además de ser el vicepresidente de la República.
La Corte envió un comunicado al Estado venezolano y al representante de las víctimas, Héctor Faúndez Ledesma, el 21 de diciembre de 2021.
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Comportamiento cruel
En el escrito, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, volvió a recordar que en 2019 venció el plazo de un año para presentar el informe. En el mismo se debe indicar, para cada una de las medidas de reparación ordenadas, “cuáles son los órganos, instituciones o autoridades estatales encargadas o responsables de implementarlas. Además del cronograma de trabajo para su cumplimiento total”.
Para Rocío San Miguel, víctima en el caso, “es francamente cruel el comportamiento del Estado venezolano en materia de DDHH. Han pasado 17 años de los hechos y a pesar de tener una sentencia favorable en nuestro caso, de un órgano internacional, el Estado se niega a cumplirla, dijo en nota de presa.
La “Lista Tascón”, hecha pública por el fallecido diputado Luis Tascón, reveló los datos de todos los ciudadanos que firmaron para solicitar la activación del referendo. Esto generó despedidos y acciones de discriminación.
El caso San Miguel Sosa y Otras Vs. Venezuela es el único de la “Lista Tascón” que pudo documentarse ante instancias internacionales. Esto, a pesar de los miles de despidos contra funcionarios y empleados de la administración pública, por firmar para el revocatorio.
Las víctimas de este caso acudieron a la jurisdicción internacional, después de agotar todos los recursos judiciales en Venezuela, sin obtener justicia.
En 2018 lograron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado venezolano por discriminación, al violar su derecho a la participación política.
También condenaron al Estado venezolano por su responsabilidad en la violación de la libertad de pensamiento y expresión. Además de la violación del derecho al trabajo y acceso a la justicia.
