La Comisión insta al Estado mexicano a reparar los daños a las víctimas y familiares del siniestro ocurrido el 27 de marzo en un centro de detención de migrantes
El 27 de abril se cumplió un mes del incendio en la Estancia Provisional Tipo “B” del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez (México) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge al Estado a actuar con debida diligencia.
Básicamente, la CIDH exige investigar, sancionar a responsables, reparar adecuadamente a las víctimas y adoptar medidas urgentes para evitar la repetición de estos hechos, como la eliminación de la detención de los migrantes.
Ese día, el incendio ocurrido por la protesta de los migrantes, ocasionó la muerte de 40 personas, entre ellas 11 venezolanos, y lesiones a otras 27.
La comisión ratifica su solidaridad con las víctimas y sus familiares y lamentó la forma como ocurrieron los hechos, pues en el centro había al menos 80 personas bajo riesgo de detención y la amenaza de deportación, según lo reseñado por varias ONG defensoras de los DD.HH. de los migrantes.
Según video difundido en redes sociales, los guardias de la empresa de seguridad privada Grupo de Seguridad Privada CAMSA, S.A de C.V. a cargo no habrían prestado auxilio luego de iniciado el incendio.
“La Comisión condena la pérdida de vidas de personas migrantes en custodia del Estado mexicano”, señala el comunicado difundido por la organización en su portal web.
Al mismo tiempo, “toma nota de las acciones adoptadas por este, entre las que destacan: la suspensión definitiva de las actividades en la estancia provisional; la entrega de tarjeta de visitante por razones humanitarias que garantiza atención hospitalaria a los lesionados; las investigaciones iniciadas para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables; y el proceso implementado para reparar a las víctimas de las familias”.
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Las peticiones
Al tratarse de un suceso en el que múltiples personas migrantes perdieron la vida, la CIDH urge al Estado mexicano “aplicar protocolos y medidas que garanticen de manera fiable y efectiva la identificación de las personas fallecidas y la entrega de sus cuerpos sus familias, con pleno acceso a la información durante los procedimientos correspondientes”.
Adicionalmente, destaca que las personas migrantes y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad de los hechos que provocaron violaciones a derechos humanos y la identidad de los perpetradores.
Esto implica la obligación de esclarecer, investigar, procesar y sancionar a responsables y, según las circunstancias, garantizar el acceso a información en poder del Estado.
Además, tienen derecho a asistencia, protección, acceso a la justicia y reparación plena y efectiva de los daños sufridos.
Lo anterior, incluye el acceso a la justicia a través de fronteras en condiciones justas, eficaces y accesibles.
En cuanto a la persistencia de la práctica de la privación de libertad por razones migratorias en México, la CIDH advierte que, “más allá de la forma en que se denomine a la detención, toda medida que impida a una persona migrante disponer libremente de su libertad ambulatoria constituye una detención”.
Por tanto, “el Estado asume la posición de garante de derechos frente a las personas bajo su custodia”.
Según lo indicado en el principio 68 de los Principios Interamericanos, citado por la CIDH, “el Estado debe garantizar que la detención se utilice únicamente de conformidad con lo autorizado por la ley y solo cuando sea necesaria, razonable en todas las circunstancias y proporcional a un propósito legítimo”.
A la luz de dicho principio, agrega “la Comisión insta al Estado a adecuar leyes, políticas y prácticas migratorias para eliminar la detención de personas migrantes en situación irregular en México”.
En el entre tanto, destaca que “es su obligación garantizar que las detenciones se ajusten a los principios citados, buscando la supresión de esa práctica y la adopción de medidas alternativas a la privación de libertad por razones estrictamente migratorias”.
