La minería ilegal y el narcotráfico vapulean a las tribus desde hace tiempo, según la Corte Interamericana. Aunado a esto, se origina el asesinato de cuatro autóctonos en manos de militares en Parima B, por lo que el organismo pide una investigación exhaustiva
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronuncia ante el asesinato de cuatro indígenas yanomamis en manos de militares venezolanos el pasado 20 de marzo, en la región Parima B, del estado Amazonas.
El organismo pide al “Estado venezolano” realizar una investigación exhaustiva y condenar de manera justa a los responsables del hecho, que en este caso estarían investigados unos 16 efectivos de la Fuerza Aérea acantonados en la base fronteriza de dicha unidad castrense en el Alto Orinoco.
Lo notorio de dicho pronunciamiento es el énfasis que hace el organismo multilateral, al decir que “la región amazónica venezolana registra altos niveles de violencia, con riesgos específicos para los pueblos indígenas, en especial desde que se creó la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco” en 2016”.
Según en el informe “Pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía”, la CIDH hace un resumen de diversos casos de violencia contra los pueblos indígenas por parte de mineros ilegales. Dicho escrito indica que en el caso de los yanomamis “se han documentado incluso casos de violencia sexual contra mujeres y trabajo forzoso, lo que pone de relieve la necesidad de brindar una mayor protección a favor de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial”.
Llamado a Nicolás Maduro
En el caso específico de Parima B, la CIDH insta “a las autoridades a tomar las medidas necesarias para reparar este daño, incorporando un enfoque intercultural que considera los impactos a las víctimas, sus familias y su comunidad”.
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Para ello recomiendan una coordinación y cooperación con los representantes de la justicia yanomami “tomando en cuenta el reconocimiento a la jurisdicción especial bajo la legislación nacional y los estándares internacionales e interamericanos que reconocen los sistemas propios de justicia y jurisdicción de los pueblos indígenas, como expresión de su derecho a la libre determinación”.
Yanomamis sufren desde hace décadas
La CIDH recuerda que en 1993 indígenas yanomamis ubicados en la región de Haximú fueron asesinados por los conocidos Garimpeiros. “A raíz de una petición, el Estado firmó un acuerdo de solución amistosa, homologado por la CIDH mediante el informe acuerdo número 32 de 2012, comprometiéndose a adoptar medidas de vigilancia, salud y protección”.
Organismos relacionados a los pueblos indígenas, así como organizaciones de Derechos Humanos, han documentado casos donde los agresores no solamente son la minería ilegal, sino también grupos subversivos y el propio narcotráfico, quienes utilizan a los indígenas como esclavos y abusan sexualmente de las mujeres.
Vale acotar que una vez firmado el acuerdo por lo ocurrido en Haximú, el Estado venezolano en su momento, acuerda establecer regímenes especiales en las tierras ancestrales de las tribus, donde adaptan la justicia indígena a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En parte, esto fue el reclamo que hicieran los yanomamis el pasado 20 de marzo. Reclamaron sus derechos ante lo ocurrido en Parima B, que dejó como saldo cuatro indígenas muertos y uno herido. Así como dos militares heridos también con arcos y flechas.
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