En la mayoría de los procedimientos donde se reportan “abatidos”, participan comisiones mixtas de policías y militares. No se determina claramente la línea de mando u oficial responsable de la operación
En diciembre de 2021, la ONG Control Ciudadano contabilizó 51 “abatidos” en manos de órganos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional (FAN). Se trata de operaciones que se desarrollaron en 11 entidades federales del país.
Las autoridades justificaron estas muertes con presuntos “enfrentamientos con delincuentes”. Las mismas podrían ser catalogadas, en la mayoría de los casos, como “ejecuciones extrajudiciales”. Esto implica, según la ONG, una violación del derecho a la vida, la integridad personal y el debido proceso.
Se trata de un registro de la ONG cuya fuente, es el monitoreo mensual de medios de comunicación. El mismo da cuenta de los “abatidos” en manos de policías y militares, en todo el territorio nacional.
La data muestra que se pasó de 73 personas abatidas en noviembre, a 51 en diciembre de 2021. No aparece ninguna mujer como abatida en el registro.
La investigación encontró que en 11 estados del país, es donde aparecen reseñas de personas abatidas, en presuntos enfrentamientos con cuerpos de seguridad del Estado. Concretamente, las entidades son: Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Guárico, Miranda y Monagas. A ellas se suman Nueva Esparta, Portuguesa, Trujillo y Zulia. Miranda, Carabobo, Zulia, Trujillo y Bolívar, son los cinco estados con la mayor incidencia de casos.
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Política de Estado
En la investigación de Control Ciudadano, el CICPC, la GNB y Policarabobo, aparecen como responsables, con el mayor número de ejecuciones realizadas bajo la categoría de “abatidos”.
Sin embargo, el análisis de los datos muestra cómo cada vez más se están involucrando las policías estadales y las policías municipales en esta práctica. La organización señala la conducta “parece ser una política de Estado”.
En diciembre, PoliAragua, PoliCarabobo y PoliMiranda, pero también las policías de los municipios Guaicaipuro, Lagunillas y PoliSucre, entre otras, estuvieron involucradas en presuntos enfrentamientos. Los resultados también arrojaron abatidos, como indica el monitoreo.
Operaciones mixtas
También llama la atención, cómo en la mayoría de los procedimientos donde se reportan “abatidos”, participan comisiones mixtas de policías y militares. No se determina claramente la línea de mando u oficial responsable de la operación. Por ello se dificulta la determinación de responsabilidades, en caso de violaciones a los derechos humanos.
Al respecto señala Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano: “Esto forma parte de la llamada unión militar-policial que se pregona como nueva política de seguridad, cuya actuación en el mes de diciembre dejó un saldo de 08 abatidos”.
Los asesinatos cometidos por policías y militares, en el marco de operativos de seguridad en Venezuela, son pocas veces investigados o juzgados a pesar de que la mayoría de los casos de “abatidos” tienen características de ser ejecuciones extrajudiciales, estimulándose un ciclo de impunidad que alienta la práctica, en un contexto de violencia cada vez mayor en el país.
Llamado al Ministerio Público
Control Ciudadano hace nuevamente un llamado al Ministerio Público, para que en todos los casos de “abatidos” en procedimientos realizados por órganos de seguridad del Estado y componentes de la Fuerza Armada Nacional, se adelanten las investigaciones correspondientes, que permitan determinar responsabilidades de ser el caso.
