La organización internacional considera que la inseguridad alimentaria y la situación con la salud no han cesado
Para la organización no gubernamental Amnistía Internacional, la situación en Venezuela, lejos de haber presentado una mejora, está más cerca de un colapso generalizado.
La organización ha presentado su informe sobre América Latina, donde ha otorgado un capítulo a Venezuela, donde manifiestan que hay que ponerle especial atención a la represión social, el problema alimentario y la crisis hospitalaria.
Según AI, “la mayoría de la población sufría inseguridad alimentaria grave y no tenía acceso a atención médica adecuada. Los cuerpos de seguridad respondieron con fuerza excesiva y otras medidas represivas a protestas para reclamar derechos económicos y sociales, incluido el derecho al agua, en las que participaron diversos sectores de la población”.
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“Persistía la impunidad por las ejecuciones extrajudiciales continuas que cometían las fuerzas de seguridad. Los servicios de inteligencia y otras fuerzas de seguridad, con la aquiescencia del sistema judicial, continuaron deteniendo de forma arbitraria, torturando e infligiendo otros tipos de malos tratos a las personas consideradas opositoras al gobierno de Nicolás Maduro”, dice parte del informe de AI.
Penales y persecución en Venezuela
Para Amnistía Internacional, la administración de Nicolás Maduro ha llevado a cabo algunos ajustes en leyes y el propio sistema judicial, sin embargo, no son suficientes.
Recuerda que existe un informe detallado de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, sobre el cual hay una serie de recomendaciones las cuales no han sido acatadas supuestamente.
“Las condiciones penitenciarias seguían siendo un importante motivo de preocupación, especialmente en relación con el hacinamiento y el uso de centros de detención ilegales, así como con el acceso a derechos fundamentales tales como el agua y la alimentación. Pese a la aprobación de reformas jurídicas relativas a la administración de justicia, las víctimas seguían teniendo dificultades para acceder al derecho a verdad y reparación. Entre 240 y 310 personas permanecían detenidas arbitrariamente por motivos políticos”.
“El Estado dirigió sus políticas represivas contra periodistas, medios de comunicación independientes y defensores y defensoras de los derechos humanos. La minería ilegal y la violencia amenazaban los derechos de los pueblos indígenas en el Arco Minero del Orinoco”, dice parte del comunicado.
