Las ejecuciones extrajudiciales, desde los últimos años de la IV República, hasta la actualidad, se convirtieron en una política de Estado
“Las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en Venezuela se extienden por varias décadas. El uso deliberado de la fuerza letal por parte de militares y policías ha producido la privación arbitraria de la vida a miles de personas, en su mayoría jóvenes residenciados en zonas pobres. Una ascendente letalidad intencional que evidencia un desprecio por la vida de las personas lo cual afirma una política de exterminio”.
Este párrafo forma parte del informe: 25 años de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, elaborado por la ONG por defensora de los Derechos Humanos, Provea. La misma da cuenta de al menos 7.893 ejecuciones extrajudiciales, cometidas por organismos de seguridad del Estado.
“Las ejecuciones extrajudiciales son crímenes de lesa humanidad y constituyen una política de Estado contra una parte de la población”. Así lo manifestó el activista Marino Alvarado, durante la presentación del informe a través de varias plataformas.
Agrega que “la ausencia de investigación y sanción a los responsables, tanto autores materiales como las cadenas de mando, favorece la repetición de los hechos”.
Sostiene el informe que, “amparados por la impunidad los funcionarios del Estado disparan a matar. Con frecuencia, primero detienen sin que exista una situación de flagrancia u orden judicial. En ocasiones se tortura a la persona y después proceden a dar muerte incluso delante de sus familiares”·.
Agrega que estos funcionarios imponen “su propia ley, decidiendo en minutos sobre la vida de un detenido”.
Denuncia que se trata de “crímenes realizados con alevosía con la convicción que no serán investigados”.
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La militarización
Provea destaca que “la progresiva militarización de las labores de seguridad ciudadana afianzó la violencia sistemática contra la población civil”.
También “reforzó la narrativa desde las estructuras del Estado de las políticas de mano dura como las más adecuadas para combatir el ascendente problema de la delincuencia”.
Y lo peor es que “otorgó a la Fuerza Armada un papel destacado en las labores y conducción de los operativos de seguridad ciudadana”.
Denuncia que “en Venezuela la población ha sido sometida a graves violaciones de derechos humanos, al nivel de considerarse se han cometido crímenes de lesa humanidad al menos desde 2017”.
Agrega que “en el contexto de ataques generalizados y sistemáticos que se han producido en Venezuela, las ejecuciones extrajudiciales pudiesen constituir crímenes de asesinato de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma. Esto, en lo referente a los crímenes de lesa humanidad”.
Resalta que “así lo han considerado la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”.
La investigación
La ONG explica que el informe se hizo tras una “investigación que se centra en la letalidad policial y militar en el contexto de operativos de seguridad ciudadana”.
No obstante, “hay que señalar también que el uso excesivo de la fuerza en contexto de protestas sociales, ha privado de la vida de manera arbitraria a cientos de personas por exigir derechos”.
En este sentido, Provea analizó “las tendencias de la violencia institucional policial y militar en Venezuela en los últimos 25 años”. Lo hizo “a la luz del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales. Dicho período abarca los últimos años de Rafael Caldera, la totalidad de años de gestión del expresidente Hugo Chávez y los años de gestión de Nicolás Maduro”.
Algunas conclusiones
Entre sus conclusiones, Provea señala que “existe un alto número de violaciones al derecho a la vida y el patrón ejecución
extrajudicial es el que prevalece. La estigmatización de los jóvenes pobres ha sido una constante y son las principales víctimas de los operativos policiales con alta letalidad”.
Asimismo, resalta que “la impunidad estructural y los débiles controles internos frente a prácticas desviadas, junto a un discurso desde el Estado que tiende a alentar o tolerar las actuaciones arbitrarias de sus agentes, ha favorecido las graves violaciones a los derechos humanos. No se investiga a los autores materiales ni las cadenas mando”.
