La CIDH consideró que ese proceso electoral del 2013 dio en medio de un “uso inadecuado de recursos públicos” para apoyar la campaña de Maduro, en detrimento de Capriles
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinará la responsabilidad de la administración de Nicolás Maduro, en la violación de los derechos políticos de Henrique Capriles, durante las elecciones presidenciales del 2013,.
La información la divulgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que remitió el caso de Capriles a la Corte IDH.
Lo hizo tras concluir que, durante las elecciones presidenciales de 2013, el Estado venezolano violó garantías judiciales y diversos derechos consagrados en la normativa interamericana.
Capriles fue candidato presidencial en Venezuela en las elecciones del 14 de abril de 2013, cuando perdió frente a Maduro por una diferencia del 1,49% de los votos.
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Las irregularidades
La CIDH consideró que ese proceso electoral se dio en medio de un “uso inadecuado de recursos públicos” para apoyar la campaña de Maduro.
También hubo “un acceso marcadamente inequitativo” del candidato oficialista a los medios de comunicación estatal.
Señaló también “acciones de represalia contra la oposición política”, constató la “existencia de múltiples irregularidades durante la votación”.
Observó la “falta de independencia” del Consejo Nacional Electoral (CNE) que debía supervisar los comicios.
Destacó además que la solicitud de auditoría de los votos que presentó Capriles ante el CNE, así como los recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fueron rechazados.
“Con base en dichas consideraciones, la Comisión concluyó que se vulneró el derecho de Henrique Capriles de participar en condiciones de igualdad en las elecciones presidenciales”, indicó la CIDH en un comunicado.
Por otra parte, Henrique Capriles no contó con un recurso judicial idóneo y efectivo dado que la Sala Constitucional del TSJ declaró inadmisibles las recusaciones formuladas sin un mayor análisis de los temores legítimos de parcialidad que existían en el caso.
Además, la Sala Constitucional le impuso una multa por ofender al Poder Judicial con expresiones agraviantes y ofensivas, con base en una norma que no presenta criterios objetivos para establecer cuáles son las conductas reprochables para ese tipo de sanciones.
La sanción fue impuesta por las mismas personas que se consideraban agraviadas y sin precisar cuáles fueron las expresiones que habrían constituido una falta de respeto al tribunal, violando el principio de legalidad y el derecho a la libertad de expresión de Henrique Capriles.
Por ello, la Comisión concluyó que el Estado de Venezuela violó los derechos consagrados en los artículos 8.1 (garantías judiciales), 9 (principio de legalidad), 13 (derecho a la libertad de expresión), 23.1.c (derechos políticos) y 25 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con sus artículos 1.1 y 2.
Lo que ordena la CIDH
La Comisión recomendó al Estado venezolano reparar integralmente las violaciones a los derechos humanos de Henrique Capriles.
Ordenó además la adopción de una serie de medidas estructurales para, entre otros, garantizar la igualdad entre todas las personas participantes en procesos electorales, y la imparcialidad de los órganos encargados del control electoral.
Como órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH con sede en Washington investiga casos que presenta a la CorteIDH cuando establece hubo violaciones a los derechos humanos no subsanadas por los Estados.
Los fallos de la Corte IDH, con sede en San José de Costa Rica, son definitivos e inapelables.
Capriles fue inhabilitado en 2017 para ejercer cargos públicos durante 15 años.
Maduro sigue en el poder en Venezuela desde 2013, tras reelegirse en cuestionadas elecciones en 2018.
