Las medicinas falsas eran comercializadas en droguerías e institutos de salud de la Costa Atlántica y el centro de Colombia
La Fiscalía General de Colombia y la DIJIN de la Policía Nacional informaron el desmantelamiento de una red ilegal que estaría detrás de la falsificación y adulteración de medicamentos necesarios para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades de alto costo y que son de uso exclusivo del sistema de salud.
De acuerdo con la investigación, la banda hacía las modificaciones para luego poner los medicamentos a la venta en Medellín (Antioquia), Montería (Córdoba), Barranquilla (Atlántico) y Santa Marta (Magdalena).
La organización criminal, al parecer, lograba tener los productos de manera ilegal en las Entidades Prestadoras de Salud (EPS). Después, les modificaba las fechas de vencimiento y lotes de fabricación, les cubría las leyendas de uso institucional, y los comercializaba a un mayor costo.
“Durante la investigación se conoció que los tratamientos alterados, presuntamente, fueron distribuidos a través de una asociación dedicada a la atención de personas enfermas de cáncer en Antioquia, y en cadenas de droguerías de diferentes ciudades. De igual forma, se estableció que se habrían ofrecido sin autorización medicamentos que producen adicción o dependencia, elaborados con narcóticos y opioides, los cuales tienen una restricción y regulación especial”, reveló la Fiscalía a través de un comunicado.
Además, las autoridades indicaron que en 10 diligencias de registro y allanamiento ejecutadas en Medellín y Montería fueron capturadas 11 personas que pertenecerían a la estructura criminal.
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“En los procedimientos se detectó lo que sería una fábrica ilegal de cosméticos, centros de almacenamiento de medicamentos vencidos o en mal estado, así como los lugares en los que se alteraban cajas y empaques. En total, fue incautada una tonelada de productos”, agregó el ente acusador.
Fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputaron a los detenidos delitos como: usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos obtentores de variedades vegetales; concierto para delinquir; corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; enajenación ilegal de medicamentos; y estímulo al uso ilícito.
