La situación que se vive en Colombia, producto de las masacres, será presentada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 25 de febrero
En Colombia se cometieron 76 masacres con 292 asesinados en 2020. Esto supone la mayor cifra de matanzas desde 2014. también son casi el doble de las 36 que se produjeron el año anterior.
La información se dio a conocer en el informe anual de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Se trata de una “violencia endémica”. A pesar de la bajada de la tasa de homicidios en 2020 hubo “una intensificación de la violencia. También un aumento en el control territorial y social por parte de grupos armados no estatales y grupos criminales”.
La situación en Colombia será presentada por la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Lo hará ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el próximo 25 de febrero.
“Desde el 2018, el número de masacres ha incrementado constantemente. El 2020 es el año con la cifra más alta registrada desde 2014”, manifestó la representante en Colombia de la Alta Comisionada, Juliette Rivero.
Entre los casi 300 asesinados se encuentran 23 mujeres, seis niñas, 18 niños. Además de siete integrantes de pueblos indígenas y 10 afrodescendientes.
El comienzo de este año, que la Justicia Especial por la Paz (JEP) ya tildó como el más violento desde la firma de la paz. La ONU documentó seis masacres, con 21 víctimas, y está verificando cinco más. Mientras que organizaciones como Indepaz recogen datos muy similares con 14 masacres y 55 víctimas en 13 municipios.
“La tendencia de asesinatos de defensores es muy preocupante. El Estado tiene la capacidad y la posibilidad de ajustar sus políticas para prevenir estos casos de violencia”, consideró la representante de Bachelet, citada por Efe.
Además, la violencia también provocó el desplazamiento masivo de más de 25.000 personas, sobre todo en los departamentos de Antioquia (noroeste), Chocó (oeste) y Nariño (suroeste), y casi 75.000 personas sufrieron confinamientos impuestos por grupos armados más allá de los dictados por la respuesta a la pandemia de la covid-19.
También siguió la violencia contra líderes sociales y desmovilizados del acuerdo de paz, siendo asesinados 73 exintegrantes de las FARC en 2020.
“La ausencia de una presencia integral del Estado en algunas regiones del país limita la capacidad del Estado para cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación de las personas y grupos más vulnerables”, concluyó la representante.
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Líderes sociales asesinados
La oficina de la ONU recibió información acerca de casi 800 amenazas y agresiones a líderes sociales. Sobre todo en zonas rurales, pero también en Bogotá. Además, hubo casi 450 violaciones contra los derechos de los periodistas, con dos casos de homicidio.
También aumentaron, con respecto a 2019, los asesinatos de defensores de derechos humanos. La Oficina de la ONU recibió denuncias de 133 casos de homicidios. De ellos han podido verificar 90 y están pendientes de demostrar otros 25. Mientras que en 2019, contabilizó 108.
“Esta cifra es representativa de los casos conocidos por la Oficina. Por lo tanto constituyen solo una muestra del total de asesinatos ocurridos y no dan cuenta del universo completo”, dijo Rivero.
Recomendaciones
La ONU considera que lo “más importante es poner el acuerdo de paz en el centro de la respuesta del Gobierno. Pide reforzar los mecanismos creados por el acuerdo de paz para dar respuesta a esta situación”.
Señala que la resolución de las peticiones de protección se retrasan y ponen en riesgo a los defensores.
“Creemos que el 2021 es un año de grandes oportunidades para Colombia”, consideró Rivero. Se espera que con el fin del mandato de la Comisión de la Verdad, la sociedad y el Gobierno tienen la oportunidad “de recibir, escuchar y conocer la verdad entregada por la Comisión”.
“De esta capacidad de entender la verdad y apropiarse de ella dependerá el presente y el futuro del país para construir una verdadera reconciliación y el respeto pleno de los derechos humanos”, dijo la representante.
“Confiamos en la capacidad y voluntad del Gobierno y del Estado en su conjunto de buscar soluciones prácticas y eficaces a estos desafíos, con la participación de la sociedad civil, reforzando esfuerzos existentes”, concluyó Rivero
