El informe presentado por Michelle Bachelet en la sesión 48 del Consejo de DD.HH. de la ONU, señala que “la población de Venezuela sigue enfrentando importantes desafíos relacionados con el disfrute de sus derechos económicos y sociales”
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, pidió este lunes que el diálogo entre la oposición y el oficialismo, en México, derive en soluciones “significativas” para los problemas de la nación. También rechazó las sanciones contra Venezuela por empeorar la crisis en que se encuentra el país.
“Confío en que pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en mayores avances la protección de los derechos humanos. También en el compromiso de las autoridades con mi oficina y confío en que seguiremos profundizando en nuestra cooperación”, dijo Bachelet.
Lo hizo durante la instalación de la 48 sesión del Consejo de Derechos Humanos del organismo. Allí presentó un resumen del último informe de su oficina sobre Venezuela.
“La situación humanitaria y económica preexistente se vio agravada tanto por la pandemia de COVID-19, como por las sanciones sectoriales”, expresó. Y agregó que las sanciones limitan “aún más el acceso a los servicios básicos. Reitero mi llamado a que se levanten estas sanciones”, señaló.
En el informe de la oficina de Bachelet se pide a los países mantener su ayuda humanitaria a Venezuela. Hace énfasis en lo referido a la pandemia. Por ello pide que se asegure una distribución justa de las vacunas.
Bachelet anunció que el pasado viernes se renovó el acuerdo entre su oficina y la administración de Nicolás Maduro. La finalidad es que el personal especializado en derechos humanos de la ONU pueda trabajar en el país.
En consecuencia, los observadores de la oficina en Venezuela se duplicaron. Es decir, que pasaron de seis a doce.
Por otra parte, la alta comisionada defendió el papel de la sociedad civil para hacer un seguimiento de las políticas públicas y de su impacto en la sociedad.
Hizo un llamamiento para proteger a los activistas y defensores de los derechos humanos de ataques, intimidación o de la criminalización de su trabajo.
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El informe
El informe presentado ante el Consejo de DD.HH. de la ONU abarca el período comprendido entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de junio de 2021.
El documento está enfocado en los últimos acontecimientos durante el período que abarca y está relacionado con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Además del nivel de implementación de las recomendaciones correspondientes a informes anteriores.
El escrito tiene información recopilada y analizada por el ACNUDH, sobre la base de entrevistas con víctimas y testigos. Así como de reuniones con funcionarios de Maduro y organizaciones de la sociedad civil.
Aclara que el ACNUDH “actuó con la debida diligencia para evaluar la credibilidad y fiabilidad de todas las fuentes”. Asegura que “contrastó la información recopilada para verificar su validez. Solicitó el consentimiento informado de las fuentes a las que entrevistó y adoptó todas las medidas apropiadas para proteger sus identidades”.
Derechos económicos
El escrito dice que “la población de Venezuela sigue enfrentando importantes desafíos relacionados con el disfrute de sus derechos económicos y sociales”.
Pero, destaca que la administración de Maduro “ha promovido políticas sociales a través de programas económicos dirigidos a combatir la pobreza y a disminuir la brecha de igualdad de género”.
Sin embargo, alerta que “persisten los desafíos en estas áreas debido, en parte, a la mala asignación de recursos”. También “a la falta de mantenimiento de la infraestructura pública y a la grave subinversión en servicios esenciales. Las sanciones sectoriales y el impacto de la pandemia de COVID-19 han aumentado aún más la escasez de recursos disponibles”.
Rechaza las sanciones
Resalta que “las medidas coercitivas unilaterales sectoriales exacerbaron las condiciones económicas y humanitarias preexistentes”. Las mismas afectan “los recursos disponibles para garantizar y proteger los derechos humanos, en particular de las personas más vulnerables”.
Dice que, pese “a las excepciones humanitarias existentes, el exceso de cumplimiento de las medidas coercitivas unilaterales sectoriales, ha agravado la escasez de medicamentos”. Igualmente, limitan “las importaciones de alimentos”.
En este sentido, alerta que esas sanciones también imponen “una carga adicional a las organizaciones de la sociedad civil, cuyos donantes e instituciones financieras exigen información financiera adicional detallada”.
Para la entidad esta situación desvía “las capacidades (de las ONG) para trabajar eficazmente, en particular en las zonas rurales y remotas”.
Por otro lado, señala que “la escasez de combustible afectó negativamente en la producción y distribución de alimentos, el transporte público y los servicios públicos. Además de la educación y el sector de la salud”.
Por ello, “el ACNUDH reitera sus anteriores llamamientos para que se levanten las medidas coercitivas unilaterales sectoriales”.
Insiste en que las mismas tienen “un impacto desproporcionado en el conjunto de la población (…) y en el disfrute de los derechos humanos”.
Bajos ingresos
Asimismo, la oficina manifestó que “está preocupada por los bajos niveles de ingresos, ahorros y pensiones de funcionarios públicos. Así como de trabajadoras de sectores que dependen de la financiación pública, en particular de trabajadores de los sectores de la educación y la salud”.
Cita fuentes como la Federación Médica Venezolana que “estimó, en agosto de 2020, que alrededor de 50 por ciento de médicos habían salido del país. Esto, principalmente debido a la rápida disminución de sus ingresos reales”.
“La pérdida de profesionales médicos tuvo un impacto directo en la capacidad del país para responder efectivamente a la pandemia de la COVID-19”, alerta.
Señala que entre el 2019 y el 2020 “80 por ciento de los ingresos de los hogares dependía de transferencias monetarias del Gobierno (bonos)”.
No obstante, alerta que estas “transferencias monetarias están indexadas al salario mínimo oficial. Por lo tanto, las afectan los altos índices de inflación”.
Resalta también que “la dependencia de las transferencias monetarias habría aumentado durante la pandemia de COVID-19”.
Cita cifras oficiales sobre el empleo y señala que dos tercios de la población trabaja en el sector público, donde “el ingreso mensual promedio osciló entre dos y cinco dólares estadunidenses”.
La oficina reconoce “los esfuerzos” de Maduro por digitalizar servicios. Pero reclama por “la reducción de la cobertura de Internet y cortes de energía eléctrica”. Esto plantea “desafíos a los esfuerzos para garantizar la igualdad de acceso a las herramientas digitales, especialmente en zonas rurales y para personas de bajos ingresos”.
El informe subraya las denuncias de “personas a las que supuestamente se les denegó la asistencia alimentaria por motivos políticos, por criticar al Gobierno. El acceso a las prestaciones sociales no debe estar condicionado a la afiliación política real o percibida”, advierte.
Siguen las protestas
Las protestas relacionadas con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales continuaron. Esto, principalmente para exigir el acceso a servicios básicos adecuados, derechos laborales, vivienda, combustible, servicios de salud adecuados y alimentos.
“Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH documentó ocho casos de protestas durante las cuales violaciones de derechos humanos fueron cometidas por las fuerzas de seguridad o los grupos armados civiles progubernamentales denominados colectivos. Se incluyen por lo menos una ejecución extrajudicial, tres casos de malos tratos y tres casos de uso excesivo de la fuerza”, dice el escrito.
De estos, el ACNUDH “tomó nota de las investigaciones abiertas en al menos dos casos de malos tratos y reitera la obligación de investigar de forma independiente todos estos incidentes y evitar que se repitan. El ACNUDH también documentó detenciones y arrestos ilegales o arbitrarios de al menos 45 personas en relación con esas protestas”.
El ACNUDH “reconoce el establecimiento de foros de diálogo con los sindicatos en mayo de 2021 y recuerda el derecho de los sindicatos a funcionar libremente, sin limitaciones excesivas y el derecho a unirse a la asociación de su propia elección”.
Sin embargo, “el ACNUDH documentó la falta de cumplimiento de los convenios colectivos de los funcionarios y las funcionarias públicos, en particular desde la promulgación del Memorando 2.792 del Ministerio de Trabajo en 2018, que permite efectivamente su revisión unilateral por un órgano especial del Ministerio, incluso en lo que respecta a los salarios, los beneficios y las condiciones de trabajo”.
En este sentido, “el ACNUDH está preocupado por la reportada falta de consultas inclusivas de todas las partes afectadas en cuestiones laborales, lo que plantea preocupaciones relacionadas con la independencia de los sindicatos y el pleno disfrute de los derechos de sus miembros”.
