Las personas que trabajan en la región del Arco Minero están atrapadas en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área
La madrugada de este miércoles, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó a los 47 estados miembros del Consejo de Derechos Humanos el informe sobre Venezuela, donde destaca el control criminal en la región del Arco Minero del estado Bolívar y los temas de justicia general.
Según el informe, las personas que trabajan en el Arco Minero de Guayana, “están atrapadas entre la explotación laboral y los altos niveles de violencia por parte de grupos criminales que controlan el área”. A estos grupos se les llaman, “sindicatos”.
“Deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección”.
Castigos, mutilación y muerte
La extorsión, la violencia, los asesinatos, la tortura y el trato cruel son parte de los problemas que describe el informe.
“Los entrevistados informaron que castigos severos se infligen a aquellos que no cumplen con las reglas impuestas por los grupos criminales: además de palizas severas, tales castigos incluyen recibir un disparo en las manos, o tener una mano cortada, así como asesinatos. Los relatos de testigos describen cómo los cuerpos de los mineros a menudo son arrojados a antiguos pozos mineros”.
Las disputas por el control de los grupos criminales en los últimos cuatro años en la zona minera, causó supuestamente la muerte de 149 personas, donde las fuerzas de seguridad del Estado estuvieron involucradas en esos hechos.
“A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región, y los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería”, dijo Bachelet.
Explotación Laboral
La crisis económica que está afectando al país y las falta de oportunidades laborales, aumentó “dramáticamente en los últimos años la mano de obra informal en la región minera”.
La falta de equipos de protección y el riesgo para la vida que significa exponerse en la selva y las altas concentraciones de mercurio son parte del documento.
“Los trabajadores trabajan 12 horas diarias, descienden en pozos profundos sin ninguna protección y, además, se les exige que paguen del 10 a 20 por ciento de lo que obtienen a los grupos criminales y un 15 a 30 por ciento a los dueños de los molinos donde se tritura la roca para extraer el oro”.
Prostitución y niños en la minería
El informe también detalla que desde 2016 hay un fuerte aumento de la prostitución, la explotación sexual y el tráfico en las áreas mineras.
En las entrevista que realizó el equipo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, también se corroboró que niños de tan solo nueve años trabajan en las minas
“Las autoridades deberían de tomar medidas inmediatas para terminar con la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y la trata de personas, y deberían desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras”, sostuvo la Alta Comisionada.
Además, pidió “investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos ”.
Pueblos indígenas y destrucción del habitat
La minería ilegal está destruyendo el ecosistema más importante del país y con ello el hábitat de las comunidades que han tenido que migrar de sus territorios tradicionales por la violencia de los grupos criminales.
“Esta situación está afectando el disfrute de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, debido a la destrucción de su hábitat y la falta de control sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales”, aseguró.
